INVESTIGACIÓN
Gasolina cara y litros incompletos: así te pueden robar al cargar combustible
Una exempleada de gasolinera revela maniobras que, asegura, se utilizan para distraer a los automovilistas y entregarles menos combustible. Profeco, por su parte, ha encontrado dispensarios que efectivamente despachan litros incompletos y ha llevado casos ante la FGR
Llegar a una gasolinera parece una operación sencilla: pedir una cantidad, observar el marcador, pagar y continuar el camino.
Pero hay unos cuantos segundos, justo antes de que la gasolina comience a entrar al tanque, que normalmente pasan inadvertidos.
El despachador pregunta cuánto quiere cargar. Después viene otra interrogante casi automática:
“¿Efectivo o tarjeta?”
El conductor responde, busca la cartera, entrega el plástico o comienza a contar dinero. Mientras tanto, la bomba queda fuera de su vista.
Es precisamente ahí donde una exempleada de gasolinera coloca una de sus principales advertencias.
En una entrevista difundida en el podcast de Gusgri, la mujer relata distintas prácticas que, según su experiencia, pueden utilizarse para quitar dinero a los clientes o hacer que reciban menos combustible del que están pagando.
Su relato no constituye una investigación oficial ni significa que todos los despachadores o estaciones operen de esta manera. Sin embargo, toca un problema que sí está documentado en México: las bombas que entregan menos gasolina de la que registran.
Profeco ha inmovilizado cientos de instrumentos de medición y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República después de comprobar faltantes durante verificaciones oficiales.
El problema, por tanto, no es solamente una historia contada frente a un micrófono.
Los litros incompletos existen.
El robo puede comenzar antes de que corra la gasolina
Uno de los puntos más reveladores de la entrevista tiene que ver con algo que muchos automovilistas consideran suficiente: verificar que la bomba marque cero.
La exempleada advierte que no basta con mirar el cero cuando el despachador ya realizó movimientos sobre el equipo.
Según su relato, el cliente debe observar la bomba desde antes de que sea programada la cantidad que pretende comprar. Es decir, llegar y pedir directamente al empleado que coloque el dispensario en ceros mientras el conductor está mirando.
Después, sin apartar la vista, permitir que sea programado el monto o volumen solicitado.
La diferencia parece mínima, pero en el testimonio es fundamental.
La mujer sostiene que determinadas maniobras pueden prepararse precisamente en esos segundos previos al despacho, cuando el cliente todavía está respondiendo preguntas, buscando dinero o decidiendo cómo pagará.
Por eso su recomendación es sencilla:
El cero debe ser visto antes de que se programe la operación, no después.
El parpadeo que recomienda vigilar
Hay otra señal a la que la entrevistada pide prestar especial atención.
Una vez que la pistola está dentro del tanque y el despachador acciona el mecanismo para comenzar a surtir, la numeración de la bomba debería iniciar el conteo desde cero.
La exempleada asegura que, cuando ha existido determinada manipulación previa, la numeración puede comenzar a parpadear antes de avanzar normalmente.
Según su versión, ese comportamiento sería una señal de que la operación pudo haber sido preparada para entregar menos combustible.
Su recomendación es contundente: si al momento de accionar la pistola la pantalla comienza a parpadear de la manera que describe, el cliente debería pedir inmediatamente que se detenga la carga.
Después, solicitar que la bomba vuelva a ponerse en cero y que toda la operación sea reiniciada frente a él.
En el segundo intento, explica, el automovilista debe comprobar nuevamente el cero y observar que, al accionar la pistola, el conteo comience directamente desde ese punto.
Este aspecto requiere una precisión importante.
El parpadeo de una pantalla, por sí mismo, no constituye una prueba oficial de que una bomba esté alterada. Existen distintos modelos de dispensarios y sus secuencias electrónicas pueden variar.
Profeco tampoco establece públicamente que cualquier numeración que parpadee signifique automáticamente un fraude.
Se trata de una advertencia surgida del testimonio de la exempleada.
Pero hay algo que resulta válido independientemente del modelo de bomba: el consumidor tiene derecho a observar todo el proceso y puede solicitar que la operación sea reiniciada si detecta algo que le genere desconfianza.
“¿Va a pagar con tarjeta o efectivo?”
Otra de las situaciones descritas en la entrevista ocurre mientras el cliente apenas está acomodándose frente a la bomba.
“¿Efectivo o tarjeta?”
La pregunta es completamente normal dentro del servicio de una gasolinera.
Lo que denuncia la exempleada es la manera en que esa conversación puede utilizarse, en determinados casos, para distraer al automovilista.
De acuerdo con su versión, mientras el cliente busca la tarjeta, cuenta billetes, revisa su cartera o mantiene una conversación con el despachador, puede dejar de prestar atención a los movimientos realizados sobre el dispensario.
La entrevistada incluso sostiene que conocer la forma de pago podría formar parte de la manera en que algunos trabajadores deciden cómo ejecutar determinadas maniobras.
Es una afirmación que corresponde exclusivamente a su testimonio y que no puede generalizarse a los trabajadores de las estaciones de servicio.
Pero plantea una recomendación elemental.
No importa si se pagará con tarjeta o efectivo: primero hay que comprobar que la carga haya comenzado correctamente.
Después se puede sacar la cartera.
Porque mientras el automovilista mira hacia otro lado, la única persona observando y manipulando el equipo es quien despacha el combustible.
De 100 en 100, la suma puede llegar a miles
Otro de los señalamientos relevantes de la entrevista está en el dinero que, de acuerdo con la exempleada, puede acumularse durante una jornada cuando estas maniobras se repiten con distintos automovilistas.
La mujer sostiene que no necesariamente se trata de quitar una gran cantidad a una sola persona.
Ahí estaría precisamente una de las claves.
Una diferencia de 100 o 200 pesos puede pasar inadvertida para un cliente, especialmente cuando desconoce con exactitud cuánto combustible debía recibir o simplemente confía en lo que observa en la pantalla.
Pero repetida varias veces durante el día, la cantidad cambia de dimensión.
Si una maniobra representara 100 pesos en perjuicio de cada uno de diez clientes, la suma alcanzaría mil pesos en una sola jornada.
Si fueran 200 pesos por cliente, con esos mismos diez automovilistas serían 2 mil pesos.
Y si el procedimiento se repitiera con más personas, el monto seguiría creciendo.
Según el relato de la exempleada, de esta manera pueden acumularse miles de pesos diarios que quedan fuera de la operación normal de venta de combustible.
Es una acusación seria y, nuevamente, corresponde al testimonio de la entrevistada.
No existe en la entrevista una auditoría que permita establecer cuánto dinero obtiene realmente un despachador o cuántos trabajadores participan en estas prácticas.
Pero la aritmética explica por qué un aparente faltante pequeño no debe minimizarse.
El daño puede parecer reducido visto desde un solo vehículo.
Multiplicado por diez, veinte o más clientes, deja de serlo.
Y para cada automovilista la afectación es la misma: pagó una cantidad determinada y, de comprobarse la maniobra, una parte de ese dinero no se convirtió en gasolina dentro de su tanque.
El cliente distraído es el más vulnerable
El celular, la cartera, una conversación o incluso limpiar el parabrisas pueden parecer acciones sin importancia.
Pero todas tienen algo en común: apartan la atención de la bomba.
Un despachador que trabaja diariamente con esos equipos conoce perfectamente sus controles, los tiempos de operación y la reacción habitual de los clientes.
El conductor, en cambio, probablemente utiliza una bomba de gasolina unos cuantos minutos a la semana.
Esa diferencia de conocimiento coloca al consumidor en desventaja cuando existe intención de engañarlo.
Por eso el consejo de “fíjate que esté en ceros” se queda corto.
Hay que mirar antes, durante y hasta que termine el despacho.
Cuando no es el despachador: la bomba también puede entregar menos
Las maniobras narradas por la exempleada corresponden al comportamiento de personas.
Pero existe otro problema mucho más difícil de detectar.
Una bomba puede mostrar aparentemente una operación normal y aun así entregar menos combustible del que registra.
En ese caso, observar la pantalla no basta.
Profeco documentó durante 2025 distintos casos de dispensarios que entregaban cantidades inferiores a las marcadas.
Durante operativos extraordinarios realizados junto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, fueron verificadas 230 estaciones, se inmovilizaron 780 instrumentos de medición y se presentaron 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas con la venta de litros incompletos.
En algunos establecimientos, las diferencias fueron considerables.
En Irapuato, Guanajuato, se detectó un instrumento que entregaba 871 mililitros menos por cada 20 litros.
En Tlaxcala, una de las verificaciones encontró un faltante superior a un litro por cada 20 litros despachados.
Ahí ya no existía una apreciación subjetiva del conductor.
Había una medición oficial.
El cliente pagaba 20 litros.
Al tanque llegaban menos.
Sinaloa tampoco ha estado exento
Las verificaciones alcanzaron también a Sinaloa.
En julio de 2025, Profeco y ASEA realizaron inspecciones en estaciones de servicio de Mazatlán.
Durante esas acciones fueron inmovilizados instrumentos y uno de ellos presentó irregularidades relacionadas con el volumen despachado, lo que dio lugar al procedimiento correspondiente.
El dato no permite afirmar que todas las gasolineras de Mazatlán, Sinaloa o México trabajen de manera irregular.
Sería irresponsable hacerlo.
Pero sí confirma que las fallas y alteraciones en el despacho de combustible no son un problema imaginario.
Han sido encontradas mediante pruebas oficiales.
La pantalla puede decir 500 pesos; eso no mide lo que llegó al tanque
Uno de los errores más comunes del consumidor es confiar completamente en la cifra que aparece frente a él.
El automovilista pide 500 pesos.
La bomba termina exactamente en 500.
Paga.
Y se marcha.
Pero esa pantalla muestra lo que el sistema contabiliza como vendido.
El conductor no cuenta con un instrumento para conocer en ese momento el volumen exacto que realmente llegó a su tanque.
Precisamente por ello Profeco realiza pruebas con medidas volumétricas certificadas.
Es la comparación entre lo que registra el dispensario y lo que realmente entrega lo que permite descubrir los llamados litros incompletos.
Cuando la diferencia supera los márgenes permitidos, el instrumento puede ser inmovilizado.
Las bombas también pueden ser manipuladas electrónicamente
Los dispensarios actuales son sistemas electrónicos.
Registran volumen, precio, importe y otros datos relacionados con cada operación.
La Norma Oficial Mexicana establece requisitos para estos instrumentos y contempla pistas de auditoría destinadas a registrar determinadas modificaciones, accesos y ajustes.
La existencia de estos controles tiene una razón.
La manipulación electrónica de las bombas no es una posibilidad meramente teórica.
Profeco ha encontrado anteriormente software utilizado para alterar el despacho de combustible, incluido el mecanismo conocido públicamente como “rastrillo”, diseñado para modificar la cantidad entregada.
En esos casos el problema rebasa por completo al despachador que pregunta si el cliente pagará con tarjeta.
La irregularidad puede encontrarse dentro del propio sistema.
Dos formas distintas de perder dinero
El automovilista enfrenta entonces dos escenarios diferentes.
En uno, el dispensario funciona correctamente, pero una persona podría aprovechar la distracción del cliente para realizar una maniobra irregular.
En otro, el empleado puede desarrollar aparentemente todo el proceso con normalidad, pero la bomba está entregando menos combustible.
Para el cliente el resultado económico termina siendo el mismo.
Pagó por algo que no recibió completo.
Y con los precios actuales de los combustibles, cada mililitro que falta también sale del bolsillo del automovilista.
Qué hacer desde que llegas a la bomba
La mejor defensa comienza antes de abrir la cartera.
Al llegar, hay que identificar el dispensario y observarlo.
Pedir la cantidad deseada y comprobar personalmente que la bomba sea colocada en cero antes de que el trabajador programe el monto.
Después hay que mantener la vista en la pantalla.
Cuando la pistola sea colocada dentro del tanque y comience el despacho, observar cómo inicia la numeración.
Si ocurre algo que resulte extraño —incluido el parpadeo descrito por la exempleada en la entrevista— el consumidor puede solicitar que la operación se detenga y sea reiniciada desde cero.
Si preguntan “¿efectivo o tarjeta?”, se puede responder.
Pero la cartera puede esperar unos segundos.
Primero la bomba. Después el pago.
También resulta conveniente pedir el ticket, identificar el número del dispensario y conservar los datos de la estación cuando exista alguna sospecha.
No necesitas demostrar el fraude para denunciarlo
Un consumidor común no tiene por qué cargar una medida de 20 litros en la cajuela ni realizar una prueba técnica por su cuenta.
Esa es labor de la autoridad.
Si existen sospechas razonables sobre una estación, pueden proporcionarse a Profeco los datos del establecimiento, su ubicación, número de bomba y los hechos observados para solicitar una verificación.
Será la Procuraduría la encargada de comprobar mediante instrumentos certificados si el volumen entregado corresponde al registrado.
Ese punto es importante porque muchas irregularidades pueden pasar años sin detectarse si ningún consumidor las reporta.
Gasolina cara… y todavía incompleta
El precio del combustible ya representa una carga cotidiana para millones de automovilistas.
Que además exista la posibilidad de pagar litros que nunca llegaron completos al tanque convierte el problema en algo más serio que una simple diferencia de centavos.
La entrevista de una exempleada abre una ventana hacia prácticas que, según su relato, ocurren mientras el cliente permanece frente a la bomba sin darse cuenta.
No todas esas afirmaciones han sido comprobadas de manera general ni pueden trasladarse a todos los despachadores.
Pero las verificaciones oficiales aportan el otro lado de la historia: Profeco sí ha encontrado instrumentos que entregan menos combustible, ha inmovilizado bombas y ha presentado denuncias por litros incompletos.
Y el señalamiento sobre pequeñas cantidades repetidas durante una jornada agrega otra dimensión: 100 pesos pueden parecer poco frente a una sola carga; cobrados irregularmente a diez clientes representan mil. Si son 200 pesos, la cifra sube a 2 mil.
El posible negocio está precisamente en la repetición.
Por eso, cuando llegue la próxima vez a una gasolinera, el consejo puede resumirse en una secuencia muy sencilla:
Primero mire el cero.
Observe cómo programan la carga.
No aparte la vista cuando accionen la pistola.
Y sólo después saque la cartera.
Porque la gasolina ya es suficientemente cara como para terminar pagando, además, por litros que nunca llegaron al tanque.
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INVESTIGACIÓN
Vladimir Herrera: deficiencias, trabas y reservas sobre su propio perfil
Expedientes sin resolver, dificultades para conseguir audiencia y dudas sobre la experiencia con la que Vladimir Herrera Blancas llegó al cargo colocan bajo escrutinio la conducción de la Dirección Jurídica de Ahome
Los Mochis, Sinaloa, 16 septiembre 2026.- La Dirección Jurídica de Ahome enfrenta cuestionamientos por expedientes que permanecen sin resolver, ciudadanos que esperan durante meses y dificultades incluso para conseguir una audiencia con su titular.
El problema ya no se limita a casos aislados: apunta al funcionamiento del área y a la forma en que está siendo conducida.
Hay que mirar quién dirige el área.
Ese fue el punto de partida para revisar la trayectoria profesional de Vladimir Herrera Blancas, director Jurídico del Ayuntamiento de Ahome.
No nació de una búsqueda sobre su vida privada ni de una discusión sobre títulos colgados en una pared.
La investigación comenzó a cobrar sentido frente al señalamiento recurrente de que son cientos los asuntos que permanecen varados, pendientes o sin una resolución definitiva dentro de un área que, precisamente, tendría que ofrecer respuestas jurídicas.
Porque la confianza depositada en un servidor público no termina con el nombramiento. Empieza ahí.
Y cuando los resultados no llegan, es legítimo preguntar con qué preparación, experiencia y antecedentes profesionales se recibió una responsabilidad de ese tamaño.
La Dirección Jurídica no es una oficina menor dentro del Ayuntamiento. Por ella pasan controversias, procedimientos administrativos, juicios y decisiones que pueden generar consecuencias legales y patrimoniales para el municipio. Su titular participa directamente en la defensa de los intereses institucionales.
Por eso, cuando los asuntos se atascan y las respuestas tardan, la capacidad de gestión, la experiencia y la atención de quien conduce la dependencia se convierten también en asuntos de interés público.
Un expediente puso el problema sobre la mesa
Uno de los casos conocidos directamente por este medio corresponde a un procedimiento de escrituración que permaneció durante más de un año bajo revisión.
Para solventar jurídicamente la propiedad, el propio director Jurídico de Ahome, Vladimir Herrera Blancas, solicitó primero una interpelación notarial y posteriormente un certificado de posesión.
Ambos requerimientos fueron cumplidos y se sumaron a otros elementos que ya formaban parte del expediente: la clave catastral se encontraba a nombre del promovente y el impuesto predial estaba al corriente.
Durante ese proceso, sin embargo, se solicitaron de manera reiterada modificaciones y nuevos elementos al expediente, modificaciones que se solventaban el mismo dia, lo que prolongó el trámite durante meses, es la falta de respuesta del área jurídica.
Algunos documentos tuvieron que rehacerse en distintas ocasiones, que de igual manera se hicieron el mismo día, hasta cumplir con las condiciones planteadas por Vladimir.
Ocho meses después, una vez atendidas esas exigencias, el propio Herrera Blancas consideró solventadas las observaciones jurídicas y señaló que el asunto se encontraba en condiciones de continuar.
Pero la determinación no llegó.
El director jurídico terminó dejando la decisión en manos del área de Bienes Inmuebles, pese a que la valoración jurídica del expediente correspondía precisamente a la dependencia que encabeza.
El asunto volvió a quedar detenido.
La situación abrió una pregunta elemental: si Jurídico pidió los elementos necesarios para despejar las dudas, éstos fueron entregados y las observaciones quedaron solventadas, ¿por qué no concluyó entonces la definición jurídica del trámite?
Este expediente no se presenta como prueba de lo que ocurre en cada asunto que llega a la dependencia.
Su relevancia radica en que fue el caso concreto que llevó a este medio a revisar con mayor profundidad el funcionamiento del área y a plantear una pregunta más amplia: cuántas personas enfrentan procedimientos que avanzan de requerimiento en requerimiento sin obtener finalmente una resolución.
Conseguir una audiencia, otro obstáculo
A los asuntos pendientes se suma una segunda dificultad: obtener atención directa del director.
Solicitar una audiencia con el director Jurídico no obedece a una cuestión protocolaria, sino a la necesidad de encontrar respuestas, destrabar trámites o buscar soluciones a asuntos que dependen precisamente del criterio y la intervención del área que encabeza.
Sin embargo, conseguir esa atención directa puede convertirse en una cadena de insistencias y esperas de semanas.
La dificultad para obtener atención directa no se limita a ciudadanos. De acuerdo con información conocida por este medio, funcionarios de primer nivel de la propia administración municipal e incluso regidores han enfrentado obstáculos para ser recibidos por Herrera Blancas cuando buscan respuestas, destrabar algún asunto o conocer una definición jurídica sobre temas de su competencia.
El propio director expuso a este periodista una de las razones de esa demora. Al referirse a la carga de trabajo de la dependencia, señaló textualmente: “Yo solo veo 10 expedientes al día porque no me da tiempo para más”.
La explicación dimensiona el problema. Si la atención personal del titular se limita a ese número de asuntos por jornada, mientras otros expedientes continúan acumulándose y las solicitudes de audiencia se postergan, la cuestión deja de ser únicamente cuánto trabajo existe y pasa también por cómo se administra, prioriza y resuelve esa carga dentro de la Dirección Jurídica.
La justificación termina generando otra pregunta.
Si el volumen de expedientes es tan elevado que dificulta atender incluso a funcionarios de la propia administración, ¿se trata solamente de exceso de trabajo o existe también un problema de organización, atención y conducción de la dependencia?
En una oficina cuya función exige comunicación constante con otras áreas municipales, emisión de criterios y resolución de asuntos, la disponibilidad del titular no es un elemento accesorio.
Forma parte del servicio público.
Y ahí aparece otro aspecto que ningún nombramiento garantiza por sí mismo: la disposición para atender y resolver.
En febrero era estudiante; en mayo dirigía Jurídico
Cuando este medio comenzó a revisar la trayectoria profesional de Herrera Blancas apareció una cronología que abrió nuevas interrogantes.
El 11 de febrero de 2025, Herrera Blancas era identificado públicamente como estudiante del décimo semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En aquel momento participó además en reclamos relacionados con la calidad académica y cuestionó la preparación de algunos docentes.
Tres meses después, el escenario era otro.
El 21 de mayo de 2025, el alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez le tomó protesta como director Jurídico del Ayuntamiento de Ahome.
El nombramiento llegó primero.
La constancia de situación profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública registra su titulación como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa el 26 de junio de 2025 y la expedición de la cédula profesional 15091993 el 14 de agosto del mismo año.
Las fechas establecen que Herrera Blancas asumió Jurídico 36 días antes de la fecha oficial de titulación registrada por la SEP y 85 días antes de que fuera expedida su cédula profesional en Derecho.
Hoy sí es licenciado en Derecho y posee la cédula correspondiente.
Ese punto está aclarado.
La pregunta se encuentra en otro momento: ¿qué preparación y qué experiencia específicamente jurídica acreditó el 21 de mayo de 2025 para recibir la conducción legal del Ayuntamiento?
La experiencia que no se ha transparentado
Herrera Blancas contaba desde 2011 con otra formación profesional: la Licenciatura en Contaduría y Finanzas por la Universidad de Occidente, con cédula profesional 7092045.
Lo que la documentación obtenida no permite conocer es qué experiencia profesional específicamente jurídica había acumulado antes de asumir la Dirección.
No existen elementos suficientes para afirmar que careciera completamente de ella.
Lo que sí puede establecerse es que esa experiencia no ha sido transparentada mediante los documentos solicitados al Ayuntamiento.
Para despejar la incógnita este periodista pidió, mediante acceso a la información, conocer el currículum presentado por Herrera Blancas, sus títulos y cédulas, el perfil oficial del puesto y los documentos mediante los cuales Recursos Humanos, Presidencia Municipal u otra dependencia verificaron que reunía las condiciones profesionales necesarias para ocupar la Dirección.
La solicitud excluyó expresamente datos personales protegidos. Lo que se buscaba conocer era aquello relacionado con una responsabilidad pública: preparación, experiencia, perfil requerido y documentación utilizada para respaldar el nombramiento.
La información no fue entregada.
Cinco años bajo reserva
El 7 de septiembre de 2026, la Oficina de Presidencia Municipal solicitó al Comité de Transparencia clasificar como reservada durante cinco años la documentación académica y profesional, el perfil del puesto y otros elementos relacionados con el nombramiento de Herrera Blancas.
La reserva fue confirmada.
El propio Herrera Blancas preside el Comité de Transparencia, aunque la resolución establece que se excusó del asunto por conflicto de interés y no intervino en la deliberación ni en la votación.
El Ayuntamiento argumentó que hacer pública determinada documentación podría afectar procedimientos judiciales en curso y facilitar presiones, hostigamiento o intimidación contra quien dirige la estrategia jurídica municipal.
La legislación contempla causales bajo las cuales determinada información puede ser reservada. Pero la propia Ley de Transparencia de Sinaloa también establece obligaciones relacionadas con la publicación de información curricular de servidores públicos y perfiles de puestos directivos.
El resultado deja una contradicción difícil de ignorar:
la Dirección Jurídica exige a ciudadanos documentos, pruebas y elementos suficientes para acreditar sus asuntos, mientras los documentos que permitirían conocer con qué experiencia y perfil llegó su propio titular permanecerán reservados hasta por cinco años.
De cuestionar la preparación ajena a tener que explicar la propia
La secuencia adquiere mayor relevancia por un antecedente.
En febrero de 2025, cuando todavía aparecía públicamente como estudiante de décimo semestre, Herrera Blancas cuestionaba la preparación de algunos de sus profesores.
En mayo aceptó dirigir Jurídico.
En junio aparece su fecha oficial de titulación.
En agosto obtuvo su cédula profesional.
La comparación no prueba por sí misma que su nombramiento haya sido ilegal ni permite concluir automáticamente que actualmente carezca de capacidad para ejercer el Derecho.
Pero sí coloca bajo escrutinio el criterio utilizado para confiarle una de las áreas técnicas más sensibles del Ayuntamiento cuando, conforme al registro federal, todavía no aparecía titulado ni contaba con cédula profesional en Derecho.
Y el cuestionamiento cobra mayor peso frente a lo que ocurre actualmente en la dependencia.
Desde esa Dirección se exigen documentos para acreditar hasta el último extremo de determinados asuntos.
En el expediente que detonó esta investigación se solicitaron pruebas adicionales.
Se presentaron.
Las observaciones fueron solventadas.
El trámite continuó detenido.
Al mismo tiempo, obtener una audiencia con el responsable del área puede resultar difícil y la información que permitiría conocer qué experiencia jurídica presentó él mismo para asumir el puesto permanece reservada.
Ahí está el contraste.
La confianza también se acredita
Un nombramiento entrega facultades.
No acredita automáticamente experiencia, capacidad de gestión ni vocación de servicio.
Eso termina midiéndose con resultados.
Si existen cientos de expedientes pendientes, resulta necesario explicar qué los mantiene detenidos.
Si la sobrecarga de trabajo impide atender solicitudes de audiencia, debe conocerse cómo se está administrando esa carga.
Si un ciudadano cumple los requerimientos jurídicos que se le imponen y su asunto continúa sin definición, debe saberse dónde terminó la revisión y por qué no llegó la respuesta.
Y si surgen dudas sobre la experiencia con la que el responsable de Jurídico asumió el cargo, el currículum y el perfil utilizado para respaldar su nombramiento serían precisamente los documentos capaces de aclararlas.
Por ahora permanecerán reservados hasta por cinco años, salvo que antes desaparezcan las causas legales invocadas para mantener la clasificación.
Mientras tanto, siguen los expedientes.
Siguen quienes buscan una audiencia para encontrar una respuesta.
Y siguen las preguntas sobre quien encabeza el área.
La principal ya no se refiere a un solo procedimiento:
¿la preparación, experiencia, atención y resultados de Vladimir Herrera Blancas corresponden a la confianza que le fue conferida para conducir jurídicamente al Ayuntamiento de Ahome?
Porque exigir documentos y certezas a los demás forma parte de su responsabilidad.
Responder con resultados y transparentar por qué se recibió esa responsabilidad también debería formar parte de ella.
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INVESTIGACIÓN
Toño Menéndez debe evaluar y reordenar el área más cuestionada de su administración: Jurídico
Antonio Menéndez debe llamar a cuentas a su gabinete ante inconformidades y cuestionamientos en áreas municipales; la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por Vladimir Herrera Blancas, concentra los señalamientos más visibles
Los Mochis, Sinaloa, 16 septiembre 2026.- El Ayuntamiento de Ahome atraviesa un momento en el que el presidente municipal Antonio Menéndez de Llano Bermúdez necesita revisar, con resultados sobre la mesa, el desempeño de cada uno de los funcionarios que integran su administración.
No se trata necesariamente de emprender una cacería de funcionarios ni de realizar cambios únicamente para responder a presiones políticas. Se trata de saber quién está cumpliendo, quién está resolviendo y quién, por el contrario, se ha convertido en una carga para una administración que necesita ofrecer certezas a los ciudadanos.
El alcalde tiene frente a sí la responsabilidad de poner orden.
Y hacerlo implica, llegado el momento, dar un manotazo sobre la mesa. Llamar a cuentas.
Las inconformidades relacionadas con el funcionamiento de distintas áreas municipales no deberían convertirse en parte de la normalidad del Ayuntamiento.
Cuando una dependencia acumula quejas, retrasos, confrontaciones o cuestionamientos sobre sus resultados, la obligación de la autoridad es revisar qué está ocurriendo, pedir cuentas y tomar decisiones.
Uno de los casos más evidentes se encuentra en la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Su titular, Vladimir Herrera Blancas, continúa formalmente al frente de esa dependencia, de acuerdo con el directorio oficial del Ayuntamiento de Ahome.
Pero su permanencia se ha desarrollado en medio de cuestionamientos que ya dejaron de ser únicamente comentarios fuera de Palacio Municipal.
El pasado 27 de agosto, 11 regidores solicitaron retirarle el poder general para pleitos y cobranzas que le había sido otorgado al director jurídico.
El regidor Feliciano García Mendoza señaló entonces que existía pérdida de confianza hacia el funcionario y cuestionamientos sobre la aplicación e interpretación de disposiciones legales y reglamentarias. Otros reportes periodísticos consignaron que los ediles pidieron públicamente su destitución.
A esto se suma que el titular del Órgano Interno de Control, Pavel Castro Félix, confirmó el 1 de septiembre que existe una investigación relacionada con denuncias contra el director jurídico y que el procedimiento permanecía abierto.
Una investigación administrativa, por supuesto, no significa por sí misma que exista responsabilidad acreditada, pero sí constituye un elemento que la Presidencia Municipal no puede ignorar.
Antonio Menéndez decidió mantener a Herrera Blancas en el puesto. El 1 de septiembre, el alcalde confirmó públicamente su continuidad y explicó que había dialogado con algunos regidores sobre el tema.
El propio director jurídico respondió posteriormente que respeta la posición de los regidores y sostuvo que continuará desempeñando sus responsabilidades con apego a la ley. Esa es su postura y debe quedar asentada.
Pero el problema político para el alcalde permanece.
Cuando 11 integrantes del Cabildo manifiestan pérdida de confianza hacia quien tiene bajo su responsabilidad la defensa jurídica del Ayuntamiento, el asunto rebasa una diferencia personal.
Cuando, además, existe una investigación del Órgano Interno de Control, corresponde determinar con claridad si el funcionario cuenta todavía con las condiciones necesarias para desempeñar una responsabilidad de esa naturaleza.
El presidente municipal tiene la última palabra.
Y esa misma evaluación debería alcanzar a todo su gabinete.
Menéndez de Llano necesita llamar a cuentas, área por área, a quienes aceptaron una responsabilidad dentro del Gobierno Municipal. Pedir resultados concretos.
Revisar expedientes pendientes. Conocer cuánto tardan en responder a los ciudadanos. Determinar dónde existen rezagos.
Escuchar a regidores y usuarios de los servicios públicos y, especialmente, verificar si quienes cobran como funcionarios están resolviendo los asuntos que les corresponde atender.
No basta con ocupar una oficina.
Un funcionario municipal debe dar resultados y responder por ellos.
El alcalde tampoco tendría por qué asumir personalmente el costo político de funcionarios que no respondan a las exigencias de sus cargos. Si una dirección funciona, debe respaldarse con resultados.
Si existen errores, deben corregirse. Y si una dependencia permanece atrapada entre inconformidades, retrasos y pérdida de confianza, corresponde evaluar seriamente a quien la dirige.
En el caso de Asuntos Jurídicos, los antecedentes recientes justifican cuando menos una revisión profunda. No a partir de rumores, sino de expedientes, resultados, asuntos ganados o perdidos, tiempos de respuesta, procedimientos pendientes y el estado que guarda la investigación abierta ante el Órgano Interno de Control.
Ese mismo rasero debe aplicarse a todos.
Antonio Menéndez tiene la oportunidad de dejar claro que ningún nombramiento representa un cheque en blanco y que permanecer dentro de su administración dependerá del trabajo que cada funcionario pueda acreditar.
El Ayuntamiento necesita certidumbre.
Y para conseguirla, el alcalde tendrá que determinar quiénes forman parte de la solución y quiénes están generando problemas que terminan llegando hasta su escritorio.
El siguiente paso no requiere discursos: requiere evaluación, resultados y decisiones.
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INVESTIGACIÓN
¡Aguas! ¿Otro fraude en puerta?
Elmer Armenta vuelve a convocar inversionistas mientras persisten reclamos por Smart Business; otros esquemas de inversión en Sinaloa ya terminaron con detenidos, procesos penales y órdenes de aprehensión
Los Mochis, Sinaloa, septiembre 2026.- ¿Cómo volver a pedirle a la gente que entregue su dinero cuando todavía hay inversionistas que reclaman respuestas por una empresa promovida anteriormente?
La pregunta vuelve a colocarse sobre la mesa luego de que Elmer Armenta Soto, quien participó públicamente en la promoción de Smart Business Corp y fue presentado dentro de esa organización como “Master Platinum”, anunciara su incorporación a un nuevo proyecto de inversión y comenzara a convocar a personas interesadas en participar.
En un mensaje difundido recientemente, Armenta asegura que, después de analizar distintas opciones del mercado, decidió integrarse a una empresa de inversiones de “alto riesgo con mitigación del riesgo”, de la que afirma lleva dos años operando, cuenta con “trading real” y tiene como características la “transparencia y honestidad”.
También habla de una proyección superior a ocho años y anticipa que la información completa será presentada únicamente a interesados, mediante un enlace privado y dentro de un club con un número determinado de inversionistas.
Pero antes de una nueva convocatoria existe un antecedente imposible de ignorar.
De Smart Business a una nueva invitación
Una página dedicada a la trayectoria de Armenta relata cómo fue invitado a una conferencia en Culiacán donde Ernesto Reséndiz presentó el proyecto de Smart. Posteriormente, señala el propio sitio, Armenta decidió incorporarse y alcanzó el rango de “Master Platinum”.
Smart Business Corp enfrentó posteriormente una advertencia directa de la autoridad financiera mexicana.
El 2 de marzo de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que Consorcio Bainet, S.A. de C.V., con nombre comercial Smart Business Corp, no contaba con autorización para captar recursos del público en general.
La CNBV recomendó verificar, antes de entregar dinero, que cualquier entidad dedicada a actividades financieras cuente con autorización, regulación y supervisión correspondientes.
Años después de aquella advertencia, continúan apareciendo públicamente inversionistas que aseguran no haber recuperado sus recursos.
Incluso el diputado federal Mario Zamora Gastélum pidió este mes investigar las operaciones relacionadas con Smart Business Corp y otras plataformas, así como revisar la participación de quienes promovieron inversiones, captaron clientes o cobraron comisiones por incorporar personas.
Es bajo ese antecedente que Armenta vuelve ahora a convocar inversionistas.
Y surge una pregunta elemental:
¿Qué respuesta ofrece primero a las personas que confiaron en Smart Business durante el periodo en que él mismo promovía ese proyecto?
No se trata de atribuirle, sin pruebas, las obligaciones jurídicas de aquella empresa. Pero quien puso su nombre, imagen y credibilidad frente a potenciales inversionistas para recomendar un negocio también enfrenta un legítimo cuestionamiento público cuando quienes confiaron en ese esquema reclaman su dinero.
Antes de pedir nuevamente confianza, corresponde explicar qué ocurrió con la confianza solicitada anteriormente.
Otros esquemas ya terminaron ante los jueces
La preocupación tampoco surge en el vacío.
Sinaloa ha acumulado durante los últimos años casos relacionados con plataformas y esquemas de inversión que ofrecían rendimientos superiores a los tradicionales. Algunos han pasado de las presentaciones comerciales y las promesas de ganancias a las carpetas de investigación y los tribunales.
Uno de los casos más recientes es Inverplux.
El 6 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que Isaac Andrey “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en fraude específico y quedó sujeto a prisión preventiva justificada.
Según la imputación del Ministerio Público, presuntamente habría participado con otras personas en un esquema que hacía creer a inversionistas que recibirían rendimientos superiores a los ofrecidos por instituciones bancarias mediante una plataforma de inversión que carecía de autorización para ello.
Cuatro días después, la Fiscalía informó también la vinculación a proceso de María Alejandra “N”, a quien igualmente se impuso prisión preventiva justificada por hechos relacionados con ese esquema.
El asunto no terminó ahí.
El 27 de agosto, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que había otras personas implicadas y órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar dentro de las investigaciones de Inverplux.
Es importante precisar que Inverplux y Smart Business son casos distintos, y hasta ahora no existe información en las fuentes revisadas que vincule a Elmer Armenta con el expediente penal de Inverplux o que señale que exista una orden de aprehensión en su contra.
El antecedente resulta relevante por otra razón: muestra hasta dónde pueden llegar este tipo de conflictos cuando una plataforma de inversión deja de responder y los afectados acuden ante las autoridades.
Ya hubo advertencias; ahora vuelve el discurso del “trading”
En Los Mochis y otras zonas de Sinaloa han surgido sucesivamente negocios que hablan de inversiones, criptomonedas, bots, inteligencia artificial o trading como mecanismos para generar rendimientos.
En julio pasado, ante la aparición de nuevas plataformas en Los Mochis, Mario Zamora solicitó la intervención de la CNBV, Condusef y la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar su legalidad. El legislador mencionó expresamente los antecedentes de Smart Business y otros esquemas que dejaron personas reclamando sus recursos.
El anuncio de un nuevo proyecto de inversión encabezado en su promoción por Elmer Armenta surge mientras persisten reclamos públicos relacionados con Smart Business Corp y en un contexto en el que otros esquemas de inversión en Sinaloa ya derivaron en procesos penales, prisión preventiva y órdenes de aprehensión pendientes.
Ahora Armenta vuelve a utilizar términos similares: “trading real”, inversión de alto riesgo, mitigación del riesgo y una expectativa empresarial superior a ocho años.
Sin embargo, en el mensaje difundido para realizar la convocatoria no proporciona públicamente el nombre de la nueva empresa, su razón social, el país donde se encuentra constituida, la autoridad que la regula ni qué autorización tendría para recibir dinero de inversionistas mexicanos.
La información detallada, según su propia convocatoria, se dará después y únicamente a las personas interesadas.
Con los antecedentes existentes, debería ocurrir exactamente al revés.
Primero las respuestas, después el dinero
Antes de depositar un solo peso, cualquier posible inversionista tendría que conocer quién recibirá legalmente los recursos, en qué país se depositarán, quién custodiará el capital y qué autoridad financiera supervisa las operaciones.
También tendría que comprobarse quién realiza el denominado “trading real”, dónde pueden consultarse esas operaciones, cuáles son las condiciones de retiro y, sobre todo, qué significa exactamente la anunciada “mitigación del riesgo”.
Porque mitigar un riesgo no significa eliminarlo.
Y decir que existe “trading real” tampoco demuestra por sí mismo que una empresa esté autorizada para captar recursos, ni garantiza que el capital podrá recuperarse.
La propia CNBV advierte que las empresas que ofrecen, promueven o prestan servicios financieros reservados requieren la autorización correspondiente y recomienda comprobar la situación regulatoria antes de invertir.
La pregunta que Elmer Armenta tendría que responder
La discusión, entonces, no empieza por cuánto podría ganar un nuevo inversionista.
Empieza por el dinero anterior.
Si Armenta está nuevamente dispuesto a poner su nombre y su imagen frente a una alternativa de inversión, también resulta razonable preguntarle públicamente:
¿qué tiene que decirles a quienes confiaron en Smart Business y todavía aseguran no haber recuperado su dinero?
¿Intervino en la captación de inversionistas?
¿Recibió comisiones por incorporar personas?
¿Qué hizo cuando comenzaron los problemas para retirar recursos?
¿Ha acompañado a los afectados en sus reclamaciones?
¿Y qué garantías objetivas puede presentar ahora para demostrar que esta nueva empresa es distinta y que opera bajo supervisión de una autoridad financiera?
Son preguntas, no sentencias.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha determinado que el nuevo proyecto anunciado por Armenta constituya un fraude. Precisamente por eso la revisión debe hacerse antes de que aparezcan nuevas víctimas y no después, cuando el dinero ya haya sido entregado.
Sinaloa ya tiene ejemplos en los que las promesas de altos rendimientos terminaron convertidas en denuncias, personas bajo prisión preventiva y órdenes de aprehensión pendientes.
Por eso, frente a una nueva invitación para invertir, la advertencia es sencilla:
antes de creer nuevamente en promesas de rendimientos, “trading real” y proyectos de largo plazo, hay que exigir nombres, regulación, contratos, riesgos y responsables.
Y en el caso de quienes ya promovieron anteriormente otra plataforma cuestionada, hay una obligación todavía más elemental:
antes de pedir nuevamente confianza, deben responder por la confianza que ya pidieron.
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INVESTIGACIÓN
Culiacán toma las calles por la paz: miles rompen el silencio frente a dos años de violencia
Familias de víctimas, colectivos de búsqueda, empresarios, agricultores y ciudadanos marcharon desde La Lomita hasta Catedral para exigir seguridad y justicia, a dos años del inicio de la crisis de violencia
Culiacán, Sinaloa, 13 septiembre 2026.- Desde lo alto, la avenida Álvaro Obregón parecía no tener espacio para una persona más. De extremo a extremo, miles de camisetas blancas cubrieron una de las principales arterias de Culiacán. A ras de calle, entre sombrillas, banderas de México, pancartas y fotografías, el mensaje era el mismo: la capital sinaloense salió este domingo a exigir paz.
No fue una concentración limitada a un solo sector. En la movilización caminaron familias completas, empresarios, agricultores, integrantes de colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas y ciudadanos que han vivido de distintas maneras las consecuencias de la violencia que golpea a Sinaloa.
La marcha comenzó en las inmediaciones de La Lomita. Desde ahí, el contingente avanzó sobre la avenida Álvaro Obregón rumbo al centro de la ciudad, hasta llegar a la Catedral de Culiacán.
Las imágenes de la jornada mostraron una avenida prácticamente cubierta por los participantes durante varios tramos del recorrido. Entre la multitud sobresalían mensajes como “Sinaloa, ponte de pie”, además de expresiones de rechazo a la violencia y llamados a recuperar condiciones de tranquilidad en el estado.
Las víctimas caminaron al frente de la exigencia
Entre los asistentes estuvieron familiares de personas desaparecidas y de víctimas de hechos violentos. Algunos avanzaron llevando mensajes impresos y fotografías; otros se incorporaron a una convocatoria que reunió también a sectores económicos que han resentido las consecuencias de la crisis de seguridad.
La exigencia atravesó distintas historias personales, pero coincidió en tres reclamos: paz, seguridad y justicia.
Empresarios, productores agrícolas y ciudadanos se sumaron a la protesta para manifestar su rechazo a los homicidios, desapariciones y otros delitos registrados durante el periodo de violencia que enfrenta Sinaloa.
De acuerdo con los organizadores, la movilización reunió a cerca de 50 mil personas. La cifra corresponde a una estimación de los convocantes y no a un conteo oficial.
Una misa antes de tomar la Obregón
Antes de que el contingente comenzara a desplazarse, el obispo de la Diócesis de Culiacán, José de Jesús Herrera Quiñones, ofició una misa sobre la avenida Álvaro Obregón, cerca del punto de partida.
Después comenzó el avance.
La multitud ocupó la vialidad mientras las columnas de participantes se extendían varios tramos. Vestidos mayoritariamente de blanco, hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores caminaron bajo el sol hacia el primer cuadro de la ciudad.
No era una protesta marcada por un solo rostro ni por una sola organización. En la misma avenida coincidieron quienes buscan a un familiar, quienes han perdido a un ser querido, quienes mantienen negocios y actividades productivas en medio de la inseguridad y quienes acudieron simplemente como ciudadanos.
Dos años después, la violencia vuelve a sacar a Culiacán a la calle
La marcha se realizó a dos años del inicio de la crisis de seguridad registrada en septiembre de 2024, un periodo en el que la violencia se ha extendido por distintas regiones de Sinaloa.
Este domingo, la respuesta ciudadana quedó expuesta sobre una de las avenidas más representativas de Culiacán: miles de personas recorrieron la Obregón hasta Catedral para colocar nuevamente la seguridad en el centro de la discusión pública.
Las fotografías aéreas dimensionaron la movilización. La avenida se convirtió durante horas en una extensa concentración humana, mientras desde distintos puntos aparecían banderas, pancartas y llamados a que Sinaloa recupere la paz.
Al término del recorrido, el reclamo quedó planteado frente al corazón de la capital: después de dos años de violencia, familias, víctimas y sectores productivos volvieron a exigir condiciones para transitar, trabajar y vivir con seguridad.
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INVESTIGACIÓN
11 de septiembre: la mañana en que las Torres Gemelas desaparecieron del horizonte de NY
A 25 años de los atentados, las imágenes del World Trade Center en llamas continúan entre las más estremecedoras de la historia contemporánea; 2 mil 977 personas murieron en los ataques perpetrados aquel martes de 2001.
Nueva York, Estados Unidos, 11 septiembre 2026.- El cielo estaba despejado sobre Manhattan aquella mañana. Nueva York comenzaba otro martes de trabajo y miles de personas ya ocupaban las oficinas del World Trade Center cuando, a las 8:46 horas, todo cambió.
El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 secuestrado después de despegar de Boston, se estrelló contra los pisos 93 al 99 de la Torre Norte.
El impacto abrió una enorme herida en uno de los edificios más reconocibles del horizonte neoyorquino. Fuego y humo comenzaron a salir de los pisos superiores mientras, desde las calles, miles de personas levantaban la mirada tratando de comprender lo que acababa de ocurrir.
En esos primeros minutos todavía existía la posibilidad de que se tratara de un accidente. Esa explicación desaparecería 17 minutos después.
9:03: el segundo avión y la certeza del ataque
A las 9:03 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines apareció sobre Manhattan y se estrelló contra los pisos 77 al 85 de la Torre Sur.
Esta vez las cámaras de televisión ya estaban apuntando hacia el World Trade Center. Millones de personas observaron en directo el impacto.
Ya no había dudas: Estados Unidos estaba bajo ataque.
Mientras trabajadores descendían por las escaleras intentando abandonar los edificios, policías, paramédicos y bomberos avanzaban en sentido contrario. Entraban a las torres mientras otros trataban desesperadamente de salir.
Entre 16 mil 400 y 18 mil personas se encontraban dentro del complejo del World Trade Center cuando comenzaron los ataques. La gran mayoría logró evacuar, de acuerdo con el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre.
Sirenas, vehículos de emergencia y columnas de humo dominaron entonces el sur de Manhattan.
El ataque ya no era solamente contra Nueva York
La emergencia se extendió rápidamente más allá de la ciudad.
A las 9:37 horas, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono, en Arlington, Virginia, a las afueras de Washington.
Estados Unidos enfrentaba ataques coordinados.
En Nueva York, mientras tanto, las dos Torres Gemelas continuaban ardiendo.
Apenas habían transcurrido 56 minutos desde el impacto contra la Torre Sur cuando ocurrió algo que hasta entonces parecía inimaginable.
9:59: cae la Torre Sur
A las 9:59 de la mañana, la Torre Sur comenzó a derrumbarse.
En cuestión de segundos, el rascacielos de 110 pisos desapareció dentro de una gigantesca nube de polvo y escombros que avanzó por las calles del Bajo Manhattan.
Las cámaras registraron a personas huyendo mientras aquella nube cubría calles, edificios y vehículos.
La Torre Sur había sido la segunda en recibir el impacto, pero fue la primera en caer.
Todavía permanecía en pie la Torre Norte.
Un cuarto avión cae en Pensilvania
Cuatro minutos después, a las 10:03 horas, el vuelo 93 de United Airlines cayó en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania.
Los pasajeros y miembros de la tripulación habían intentado recuperar el control del avión después de conocer, mediante llamadas telefónicas, lo ocurrido con los otros vuelos secuestrados.
Las 40 personas a bordo —sin contar a los cuatro secuestradores— murieron.
El cuarto avión nunca alcanzó el objetivo al que se dirigían los terroristas.
10:28: desaparece la Torre Norte
En Manhattan todavía quedaba una imagen imposible de apartar de la mirada: la Torre Norte seguía ardiendo.
Habían pasado 102 minutos desde el primer impacto.
A las 10:28 de la mañana, finalmente cedió.
La segunda de las Torres Gemelas se desplomó sobre el complejo del World Trade Center.
En menos de dos horas, dos edificios de 110 pisos que durante décadas habían formado parte del perfil de Nueva York habían desaparecido.
El lugar que durante años había sido un centro financiero internacional quedó convertido en una zona de destrucción que después sería conocida mundialmente como Ground Zero.
2 mil 977 víctimas
Los atentados del 11 de septiembre dejaron 2 mil 977 víctimas, sin contar a los 19 integrantes de Al Qaeda que secuestraron los cuatro aviones.
Solamente en Nueva York murieron 2 mil 753 personas como consecuencia del ataque contra el World Trade Center, de acuerdo con los registros de la Oficina del Médico Forense de la ciudad.
Entre las víctimas estuvieron trabajadores de las torres, pasajeros y tripulantes de los aviones, policías, paramédicos y cientos de bomberos que ingresaron a los edificios para participar en las tareas de rescate.
El ataque fue atribuido a Al Qaeda, cuyos integrantes secuestraron cuatro vuelos comerciales aquella mañana.
Veinticinco años después
Este 11 de septiembre de 2026 se cumplen 25 años de aquella mañana.
Pero para Nueva York el trabajo derivado de la tragedia aún no ha terminado.
El pasado 24 de agosto, la Oficina del Médico Forense de Nueva York informó que logró identificar a otra de las víctimas mediante genealogía genética forense. Con ella suman mil 654 personas identificadas de las 2 mil 753 que murieron en los ataques contra el World Trade Center.
Además, las consecuencias alcanzaron a quienes trabajaron durante meses entre los restos del complejo. El Departamento de Bomberos de Nueva York añadió este septiembre otros 36 nombres a su Memorial del World Trade Center: integrantes del cuerpo que fallecieron por enfermedades relacionadas con las labores de rescate y recuperación posteriores al 11-S.
Han pasado 25 años. El horizonte de Manhattan fue reconstruido y donde estuvieron las Torres Gemelas se encuentran hoy dos grandes estanques del Memorial del 11 de Septiembre.
Pero las horas 8:46, 9:03, 9:59 y 10:28 permanecen inscritas en la memoria de Nueva York: los minutos de una mañana en la que dos aviones golpearon las torres y, menos de dos horas después, el World Trade Center que el mundo conocía había dejado de existir.
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INVESTIGACIÓN
Dos años de guerra en Sinaloa: las balas vuelven a marcar el aniversario de una herida que no cierra
El 9 de septiembre de 2024 estalló abiertamente la disputa entre Los Chapitos y la facción de Los Mayos; 24 meses después, miles de homicidios, desapariciones, negocios cerrados y familias desplazadas retratan una crisis que todavía no termina
Culiacán, Sinaloa, 09 septiembre 2026.- Dos años después, Culiacán volvió a recibir el 9 de septiembre entre detonaciones, vehículos incendiados y viviendas atacadas.
La fecha no podía resultar más simbólica.
La noche de este martes 8 y durante las primeras horas de este miércoles, distintos sectores de la capital sinaloense registraron una nueva jornada de violencia: vehículos utilizados para derribar portones y posteriormente incendiados, casas baleadas, unidades robadas y hasta un motel atacado con fuego. La Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió a la población evitar algunas zonas mientras corporaciones del Grupo Interinstitucional desplegaban operativos.
Era la víspera de un aniversario que Sinaloa nunca quiso conmemorar.
Este 9 de septiembre se cumplen exactamente dos años del comienzo abierto de la guerra entre Los Chapitos y la estructura identificada con Los Mayos o La Mayiza, dos facciones surgidas del mismo Cártel de Sinaloa y que desde entonces convirtieron amplias regiones del estado en territorio de disputa.
Aquel 9 de septiembre en que cambió Culiacán
La ruptura venía gestándose desde semanas antes.
El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos al llegar en una aeronave a Estados Unidos. Posteriormente, Zambada aseguró públicamente que había sido llevado contra su voluntad por Guzmán López, versión que profundizó la fractura entre ambas estructuras.
La tensión explotó en las calles el 9 de septiembre de 2024.
Aquella mañana se reportaron enfrentamientos en La Campiña, Culiacán, además de hechos violentos en la carretera México 15, Costa Rica y otros puntos. Vehículos dañados, grupos armados, bloqueos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad marcaron las primeras horas de lo que inicialmente parecía otra jornada violenta, pero que terminaría convirtiéndose en una confrontación prolongada.
Culiacán comenzó entonces a vivir bajo nuevas reglas impuestas por el miedo: calles vacías al anochecer, negocios cerrando antes de tiempo, suspensión de clases, eventos cancelados, vehículos despojados y familias aprendiendo a distinguir, por el sonido de las ráfagas, cuándo era momento de encerrarse.
La violencia dejó de ser un episodio.
Se convirtió en rutina.
Dos años contados en muertos y desaparecidos
Las cifras acumuladas varían según el corte y la metodología de cada recuento, pero todas describen una crisis extraordinaria.
Un análisis publicado este 9 de septiembre por El Debate contabiliza 3 mil 592 asesinatos desde el inicio de la confrontación: 655 entre septiembre y diciembre de 2024, mil 823 durante 2025 y más de mil durante 2026 hasta los primeros días de septiembre.
Otro recuento realizado por Ríodoce con registros oficiales documentó 2 mil 811 desapariciones, 12 mil 481 robos de vehículos y 166 feminicidios durante el periodo analizado; colectivos de búsqueda han sostenido que el número real de desaparecidos podría superar los cuatro mil.
Detrás de cada estadística hay historias que difícilmente pueden reducirse a números: personas que salieron de casa y nunca regresaron, cuerpos encontrados en caminos y fosas, policías asesinados, menores alcanzados por las balas y familias obligadas a abandonar comunidades enteras.
La violencia alcanzó incluso a niños. Apenas el pasado fin de semana, un ataque en Culiacán dejó entre las víctimas mortales a un bebé de un año y cuatro meses, otro episodio que volvió a colocar el costo civil de esta guerra frente a los sinaloenses.
De Culiacán al resto de Sinaloa
La guerra tampoco permaneció encerrada en la capital.
Con el paso de los meses se extendió hacia Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, mientras comunidades serranas y rurales enfrentaron desplazamientos y cierres de actividades.
También cambió la forma de combatir.
A las armas largas, persecuciones y bloqueos se sumó el uso de explosivos lanzados desde drones, ataques e incendios de viviendas y negocios y operaciones dirigidas contra células rivales. En estos dos años el Gobierno federal llegó a desplegar miles de militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional en el estado.
El Gobierno federal sostiene que existen avances. El reporte presentado este 8 de septiembre señala que el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa disminuyó 26.1 por ciento entre enero y agosto de 2026 respecto al mismo periodo de 2025.
Pero la fotografía de la víspera del segundo aniversario recordó que una reducción estadística todavía no equivale a una paz recuperada.
La otra víctima: la economía
La guerra también vació restaurantes, hoteles y comercios.
En los momentos más críticos, especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa estimaron que las actividades comerciales y de servicios llegaron a paralizarse hasta en 80 por ciento en algunas zonas. Un análisis económico publicado por Ríodoce cita estimaciones de 3 mil 500 negocios cerrados y 37 mil 350 empleos formales perdidos durante los dos años de conflicto, además de afectaciones mayores si se incorpora el trabajo informal.
Culiacán perdió buena parte de su vida nocturna. Restaurantes redujeron horarios, familias dejaron de salir, algunos empresarios bajaron definitivamente las cortinas y localidades antes visitadas durante los fines de semana quedaron prácticamente abandonadas.
La violencia terminó modificando algo más difícil de medir: la manera de vivir de los sinaloenses.
Salir de noche dejó de ser una decisión rutinaria. Tomar una carretera comenzó a requerir precauciones. Un rumor de enfrentamientos podía vaciar escuelas, centros comerciales y oficinas en cuestión de minutos.
Dos años después, la guerra sigue escribiendo su historia
Han pasado 730 días desde aquel 9 de septiembre de 2024.
Durante ese tiempo han sido detenidos o abatidos distintos operadores de ambos grupos; se han asegurado armas, drogas y laboratorios clandestinos y miles de efectivos han sido desplegados en Sinaloa.
Pero ninguna de esas operaciones ha significado todavía el final definitivo de la confrontación.
El propio secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció recientemente que el Cártel de Sinaloa ha sido afectado por los operativos, pero conserva capacidad económica y de fuego.
Y este miércoles, precisamente cuando se cumplen dos años, Culiacán despertó nuevamente revisando dónde hubo disparos, qué casa fue atacada y cuántos vehículos terminaron incendiados durante la noche.
La escena resume estos 24 meses mejor que cualquier estadística.
La guerra comenzó el 9 de septiembre de 2024. Dos años después, Sinaloa todavía no puede escribir la fecha de su final.
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INVESTIGACIÓN
Dos vinculados por fraude de 70 mdp, frijoleros mantienen reclamo
El caso se originó con la comercialización de la cosecha 2024-2025. Alrededor de 70 productores del norte de Sinaloa aseguran que entregaron su frijol a intermediarios, pero nunca recibieron la totalidad del pago; más de un año después, hay dos personas vinculadas a proceso y una orden de captura pendiente.
Los Mochis, Sinaloa, 04 septiembre 2026.- El expediente por el presunto fraude cometido contra productores de frijol de Ahome comenzó con una operación comercial aparentemente ordinaria: agricultores entregaron su cosecha a intermediarios para que fuera colocada con compradores y bodegueros.
El producto salió de los campos. Los compradores finales, de acuerdo con testimonios recabados posteriormente por los propios agricultores, habrían pagado por el grano.
Pero una parte importante del dinero nunca regresó a quienes lo sembraron.
Más de un año después, el caso continúa abierto en la Vicefiscalía General de Justicia de la Zona Norte, donde las autoridades reportan dos personas vinculadas a proceso, dos órdenes de aprehensión ya ejecutadas, un medio de impugnación pendiente de resolución y otro mandamiento judicial de captura que todavía busca cumplimentarse.
El origen: frijol del ciclo 2024-2025
El conflicto se remonta a la comercialización de la cosecha de frijol del ciclo otoño-invierno 2024-2025.
Las primeras denuncias públicas surgieron en agosto de 2025, cuando productores de Higuera de Zaragoza, Olas Altas, Bagojo Colectivo y otras comunidades de Ahome y el norte de Sinaloa acudieron a los juzgados de la Zona Norte para denunciar que habían entregado sus cosechas y no habían recibido el pago comprometido.
Los afectados calcularon desde entonces que alrededor de 70 productores enfrentaban pérdidas cercanas a los 70 millones de pesos.
El esquema descrito por los agricultores tuvo un elemento que resultó determinante para generar confianza.
Según sus testimonios, algunos productores entregaron inicialmente una primera parte de su cosecha y recibieron el pago sin contratiempos. Después realizaron nuevas entregas de frijol, pero esta vez comenzaron las demoras, las promesas incumplidas y finalmente la falta de pago.
Geovany Borbolla, productor de Bagojo Colectivo, relató entonces que después de recibir correctamente el dinero por una primera operación volvió a entregar producto. Esa segunda transacción ya no fue liquidada. Otros agricultores reportaron una experiencia similar.
El grano habría sido vendido, pero los agricultores no cobraron
La inconformidad aumentó cuando los productores comenzaron a buscar directamente a las empresas y bodegas donde terminó el frijol.
De acuerdo con las versiones de los afectados, los compradores finales les habrían mostrado comprobantes de que sí pagaron a los intermediarios por el producto recibido.
Los agricultores sostienen que ahí quedó expuesta la dimensión del problema: el frijol había sido comercializado, pero el recurso correspondiente no llegó a quienes produjeron la cosecha.
Solo productores de la zona de Higuera de Zaragoza reportaron en 2025 entre 260 y 300 toneladas entregadas bajo ese esquema.
El conflicto golpeó además a agricultores que habían financiado la siembra mediante créditos. Al quedarse sin el ingreso de la cosecha comenzaron a acumular deudas e intereses y, según testimonios recientes, algunos enfrentan dificultades para obtener financiamiento para nuevos ciclos agrícolas.
Cuatro personas fueron señaladas por los afectados
Durante las primeras protestas de agosto de 2025, productores y medios locales identificaron públicamente a cuatro personas como presuntamente relacionadas con las operaciones: Jaime Valencia Bojórquez, María Elena Urías, Germán Estrada y un familiar de éste identificado como Simón.
En ese momento, Jaime Valencia y María Elena habían sido detenidos, mientras que Germán y Simón eran señalados como prófugos. Esos señalamientos corresponden a las denuncias de los afectados y al desarrollo inicial del proceso; la responsabilidad penal corresponde determinarla exclusivamente a los tribunales.
Una de las versiones de los productores sostiene que Jaime acudía directamente a los predios para negociar la adquisición del frijol y que Germán participaba posteriormente en la comercialización con bodegueros y compradores.
Dos detenidos quedaron en libertad durante el proceso
El caso entró a los tribunales en agosto de 2025.
El 18 de ese mes, durante una segunda audiencia, las dos personas que se encontraban detenidas fueron dejadas en libertad por determinación judicial, lo que provocó inconformidad entre los agricultores. El procedimiento, sin embargo, continuó.
Durante los meses siguientes comenzaron recursos, audiencias y acciones judiciales que prolongaron el expediente.
Para agosto de 2026, los productores seguían reclamando que no habían recuperado el dinero y denunciaban que el procedimiento permanecía entrampado entre amparos, audiencias y órdenes de aprehensión pendientes.
Tractores frente a la Vicefiscalía
La falta de una solución llevó nuevamente a los productores a las calles.
El 31 de agosto de 2026, agricultores llegaron con tractores y vehículos de trabajo a la Vicefiscalía Regional Zona Norte, en el Centro de Los Mochis, y bloquearon la avenida Ignacio Zaragoza para exigir información y resultados.
Su reclamo seguía siendo esencialmente el mismo que un año antes: recuperar el dinero de la cosecha entregada y que se determine la responsabilidad penal de quienes participaron en las operaciones.
Tras la protesta fueron recibidos por el vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien se comprometió a revisar y dar seguimiento al expediente. Los productores señalaron además que existe una nueva audiencia prevista para el 14 de septiembre.
Fiscalía: dos vinculados y otra orden de captura
La respuesta más reciente de la Vicefiscalía permite conocer con mayor precisión dónde se encuentra actualmente el proceso.
Serrano Castelo informó que dos personas están vinculadas a proceso y que existen dos órdenes de aprehensión que ya fueron ejecutadas.
También confirmó que se encuentra pendiente de resolución un medio de impugnación y que la Fiscalía trabaja para ejecutar otro mandamiento judicial de captura. La autoridad evitó proporcionar mayores datos sobre esa orden mientras no sea cumplimentada.
La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad; significa que un juez determinó que existen elementos suficientes para que el procedimiento penal continúe.
Más de un año después, el dinero sigue siendo el punto central
Para los productores, sin embargo, el avance judicial todavía no resuelve el problema que dio origen al expediente.
El frijol fue cosechado, entregado y comercializado, pero los agricultores sostienen que alrededor de 70 millones de pesos continúan sin regresar a quienes produjeron el grano.
Por ello, además de las detenciones y las resoluciones judiciales, los afectados mantienen como exigencia central la reparación del daño.
La Fiscalía sostiene que el caso avanza. Los agricultores, mientras tanto, siguen esperando que ese avance procesal termine convertido en algo concreto: recuperar el dinero de una cosecha que salió de sus parcelas desde 2025 y que, según denuncian, nunca terminaron de cobrar.
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INVESTIGACIÓN
Balazos, fuego y una arena vacía: ataque obliga a cancelar “Noche Suprema” en Hermosillo
Sujetos armados irrumpieron en el Centro de Usos Múltiples, realizaron decenas de detonaciones y prendieron fuego al cuadrilátero instalado para la función de boxeo prevista para este sábado. No se reportaron personas lesionadas.
Hermosillo, Sonora, 28 agosto 2026.- El ring estaba montado. La cartelera anunciaba peleas profesionales, exhibiciones e influencers para la noche del sábado. Pero unas horas antes de que el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo recibiera al público, el escenario terminó bajo fuego.
Alrededor de las 20:30 horas de este viernes, sujetos armados ingresaron al recinto ubicado en el cruce de Perimetral Norte y bulevar Solidaridad. De acuerdo con reportes de medios locales, dentro de las instalaciones se escucharon decenas de detonaciones de arma de fuego.
Quienes se encontraban en el lugar buscaron ponerse a salvo mientras los disparos rompían la tranquilidad previa al evento “Noche Suprema: El Norte Manda”, programado para este sábado 29 de agosto.
La agresión no terminó con las detonaciones.
Después de ingresar al inmueble, los atacantes prendieron fuego a la estructura del cuadrilátero instalado en la arena principal y posteriormente huyeron.
El escenario preparado para recibir a boxeadores, creadores de contenido y público quedó convertido en el centro de un operativo policial.
Del montaje del espectáculo al despliegue de seguridad
Tras las llamadas al número de emergencias, elementos de seguridad, cuerpos de auxilio y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al CUM.
Las autoridades informaron que, pese a la magnitud del ataque, no se registraron personas heridas ni fallecidas.
El hecho provocó inmediatamente dudas sobre la realización de la función prevista para el día siguiente. Horas después llegó la determinación oficial.
La Mesa Estatal de Seguridad anunció la cancelación total de “Noche Suprema”.
Según la información difundida por las autoridades, el promotor contaba con permisos de Protección Civil otorgados por el Ayuntamiento de Hermosillo, pero no habría cumplido con las medidas y protocolos de seguridad privada requeridos para un espectáculo de estas características.
La autoridad también señaló que la agresión estuvo dirigida contra la producción y organización del evento.
Una cartelera que ya no subirá al ring
La función tenía programada como pelea principal el enfrentamiento entre Miguel “Alacrán” Berchelt y Juan Manuel “La Sombra” Córdoba, pactado a diez rounds en peso ligero.
También se anunciaban combates de campeonato y exhibición, entre ellos Fernanda “Chatita” Monge contra Naylea Gil; Jaqueline “Yaky” Obeso frente a Itzel Enríquez Ruiz; y José Luis Castillo contra Alfonso Gómez.
La programación incluía además enfrentamientos entre creadores de contenido e influencers: César “Chats” Manríquez ante Daniel Borjas; Víctor “Vitolías” Cuen contra Ozz Bala; Pelón Bajavión frente a Samilio; Ever “Piratita” Corona contra Mario Brox, y La Shamaka ante Ali Weezy.
El programa contemplaba también la participación musical de La Brissa y cuatro artistas sorpresa.
Todo estaba previsto para comenzar este sábado.
Pero la noche anterior, los disparos y el incendio cambiaron por completo la agenda.
En lugar de público entrando al CUM y peleadores camino al cuadrilátero, la atención quedó concentrada en las investigaciones para establecer quiénes participaron en la agresión y las circunstancias que permitieron el ingreso de hombres armados al recinto.
La función fue cancelada. El siguiente capítulo ya no se resolverá sobre el ring, sino en las investigaciones de las autoridades de Sonora.
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