El caso se originó con la comercialización de la cosecha 2024-2025. Alrededor de 70 productores del norte de Sinaloa aseguran que entregaron su frijol a intermediarios, pero nunca recibieron la totalidad del pago; más de un año después, hay dos personas vinculadas a proceso y una orden de captura pendiente.

Los Mochis, Sinaloa, 04 septiembre 2026.- El expediente por el presunto fraude cometido contra productores de frijol de Ahome comenzó con una operación comercial aparentemente ordinaria: agricultores entregaron su cosecha a intermediarios para que fuera colocada con compradores y bodegueros.

El producto salió de los campos. Los compradores finales, de acuerdo con testimonios recabados posteriormente por los propios agricultores, habrían pagado por el grano.

Pero una parte importante del dinero nunca regresó a quienes lo sembraron.

Más de un año después, el caso continúa abierto en la Vicefiscalía General de Justicia de la Zona Norte, donde las autoridades reportan dos personas vinculadas a proceso, dos órdenes de aprehensión ya ejecutadas, un medio de impugnación pendiente de resolución y otro mandamiento judicial de captura que todavía busca cumplimentarse.

El origen: frijol del ciclo 2024-2025

El conflicto se remonta a la comercialización de la cosecha de frijol del ciclo otoño-invierno 2024-2025.

Las primeras denuncias públicas surgieron en agosto de 2025, cuando productores de Higuera de Zaragoza, Olas Altas, Bagojo Colectivo y otras comunidades de Ahome y el norte de Sinaloa acudieron a los juzgados de la Zona Norte para denunciar que habían entregado sus cosechas y no habían recibido el pago comprometido.

Los afectados calcularon desde entonces que alrededor de 70 productores enfrentaban pérdidas cercanas a los 70 millones de pesos.

El esquema descrito por los agricultores tuvo un elemento que resultó determinante para generar confianza.

Según sus testimonios, algunos productores entregaron inicialmente una primera parte de su cosecha y recibieron el pago sin contratiempos. Después realizaron nuevas entregas de frijol, pero esta vez comenzaron las demoras, las promesas incumplidas y finalmente la falta de pago.

Geovany Borbolla, productor de Bagojo Colectivo, relató entonces que después de recibir correctamente el dinero por una primera operación volvió a entregar producto. Esa segunda transacción ya no fue liquidada. Otros agricultores reportaron una experiencia similar.

El grano habría sido vendido, pero los agricultores no cobraron

La inconformidad aumentó cuando los productores comenzaron a buscar directamente a las empresas y bodegas donde terminó el frijol.

De acuerdo con las versiones de los afectados, los compradores finales les habrían mostrado comprobantes de que sí pagaron a los intermediarios por el producto recibido.

Los agricultores sostienen que ahí quedó expuesta la dimensión del problema: el frijol había sido comercializado, pero el recurso correspondiente no llegó a quienes produjeron la cosecha.

Solo productores de la zona de Higuera de Zaragoza reportaron en 2025 entre 260 y 300 toneladas entregadas bajo ese esquema.

El conflicto golpeó además a agricultores que habían financiado la siembra mediante créditos. Al quedarse sin el ingreso de la cosecha comenzaron a acumular deudas e intereses y, según testimonios recientes, algunos enfrentan dificultades para obtener financiamiento para nuevos ciclos agrícolas.

Cuatro personas fueron señaladas por los afectados

Durante las primeras protestas de agosto de 2025, productores y medios locales identificaron públicamente a cuatro personas como presuntamente relacionadas con las operaciones: Jaime Valencia Bojórquez, María Elena Urías, Germán Estrada y un familiar de éste identificado como Simón.

En ese momento, Jaime Valencia y María Elena habían sido detenidos, mientras que Germán y Simón eran señalados como prófugos. Esos señalamientos corresponden a las denuncias de los afectados y al desarrollo inicial del proceso; la responsabilidad penal corresponde determinarla exclusivamente a los tribunales.

Una de las versiones de los productores sostiene que Jaime acudía directamente a los predios para negociar la adquisición del frijol y que Germán participaba posteriormente en la comercialización con bodegueros y compradores.

Dos detenidos quedaron en libertad durante el proceso

El caso entró a los tribunales en agosto de 2025.

El 18 de ese mes, durante una segunda audiencia, las dos personas que se encontraban detenidas fueron dejadas en libertad por determinación judicial, lo que provocó inconformidad entre los agricultores. El procedimiento, sin embargo, continuó.

Durante los meses siguientes comenzaron recursos, audiencias y acciones judiciales que prolongaron el expediente.

Para agosto de 2026, los productores seguían reclamando que no habían recuperado el dinero y denunciaban que el procedimiento permanecía entrampado entre amparos, audiencias y órdenes de aprehensión pendientes.

Tractores frente a la Vicefiscalía

La falta de una solución llevó nuevamente a los productores a las calles.

El 31 de agosto de 2026, agricultores llegaron con tractores y vehículos de trabajo a la Vicefiscalía Regional Zona Norte, en el Centro de Los Mochis, y bloquearon la avenida Ignacio Zaragoza para exigir información y resultados.

Su reclamo seguía siendo esencialmente el mismo que un año antes: recuperar el dinero de la cosecha entregada y que se determine la responsabilidad penal de quienes participaron en las operaciones.

Tras la protesta fueron recibidos por el vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien se comprometió a revisar y dar seguimiento al expediente. Los productores señalaron además que existe una nueva audiencia prevista para el 14 de septiembre.

Fiscalía: dos vinculados y otra orden de captura

La respuesta más reciente de la Vicefiscalía permite conocer con mayor precisión dónde se encuentra actualmente el proceso.

Serrano Castelo informó que dos personas están vinculadas a proceso y que existen dos órdenes de aprehensión que ya fueron ejecutadas.

También confirmó que se encuentra pendiente de resolución un medio de impugnación y que la Fiscalía trabaja para ejecutar otro mandamiento judicial de captura. La autoridad evitó proporcionar mayores datos sobre esa orden mientras no sea cumplimentada.

La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad; significa que un juez determinó que existen elementos suficientes para que el procedimiento penal continúe.

Más de un año después, el dinero sigue siendo el punto central

Para los productores, sin embargo, el avance judicial todavía no resuelve el problema que dio origen al expediente.

El frijol fue cosechado, entregado y comercializado, pero los agricultores sostienen que alrededor de 70 millones de pesos continúan sin regresar a quienes produjeron el grano.

Por ello, además de las detenciones y las resoluciones judiciales, los afectados mantienen como exigencia central la reparación del daño.

La Fiscalía sostiene que el caso avanza. Los agricultores, mientras tanto, siguen esperando que ese avance procesal termine convertido en algo concreto: recuperar el dinero de una cosecha que salió de sus parcelas desde 2025 y que, según denuncian, nunca terminaron de cobrar.

La violencia no da tregua en Culiacán: ataque en Prados del Sur deja dos muertos, uno quedó frente al domicilio del ataque y un bebé de tan solo un año cuatro meses que murió posteriormente en un hospital. Dos adultos resultaron heridos; uno de ellos es señalado preliminarmente como presunto agresor.

Culiacán, Sinaloa, 05 septiembre 2026.- La violencia volvió a mostrar su rostro más brutal en Culiacán. Un ataque armado registrado la noche de este sábado en el fraccionamiento Prados del Sur dejó dos personas muertas, entre ellas un bebé de apenas un año cuatro meses, además de dos adultos lesionados.

El escenario fue un domicilio ubicado sobre la calle Islas Mascareñas, entre Mar de Coral e Islas Comoras, en el sector sur de la capital sinaloense.

Eran alrededor de las 20:00 horas cuando hombres armados arribaron al lugar y dispararon contra varias personas que, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraban reparando un vehículo frente al inmueble.

Las detonaciones rompieron la tranquilidad del sector. Cuando cesaron los disparos, un hombre identificado como Manuel N. había quedado sin vida en el sitio.

Otros dos adultos estaban heridos.

Entre ellos, según los reportes preliminares, se encontraba uno de los presuntos agresores, quien habría resultado lesionado durante los hechos y fue abandonado en el lugar.

Un bebé quedó entre las víctimas

La dimensión del ataque se agravó minutos después.

Un niño identificado como Juan Alejandro N., de un año cuatro meses, había resultado lesionado en la cabeza y fue trasladado para recibir atención médica.

Alrededor de las 21:15 horas, personal del hospital notificó a las autoridades que el menor había fallecido.

El bebé se convirtió así en la segunda víctima mortal de un episodio de violencia que comenzó frente a una vivienda y terminó alcanzando a quien, por su edad, era completamente ajeno a cualquier confrontación.

La muerte del pequeño colocó nuevamente sobre Culiacán una escena difícil de reducir a una estadística: un niño de apenas un año perdió la vida en medio de disparos dirigidos contra adultos.

Movilización militar y policiaca

Las llamadas al 911 provocaron una amplia movilización de fuerzas de seguridad.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías estatales y municipales.

Los dos adultos lesionados fueron trasladados a hospitales de Culiacán. Uno fue llevado a bordo de una patrulla de la Policía Municipal y otro en una ambulancia del Ejército.

El hombre señalado preliminarmente como uno de los posibles participantes en la agresión quedó hospitalizado bajo un dispositivo de seguridad. Su identidad no había sido informada.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las diligencias, el procesamiento del lugar y la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Los cuerpos de Manuel N. y del pequeño Juan Alejandro serían trasladados al Servicio Médico Forense para las necropsias correspondientes.

Una violencia que sigue cobrando víctimas ajenas

El ataque ocurre en un Sinaloa que acumula más de un año bajo los efectos de una confrontación criminal que ha golpeado particularmente a Culiacán y otras regiones del estado, en medio de la disputa entre grupos identificados como Los Chapitos y Los Mayitos.

En ese periodo, ataques, homicidios, desapariciones y enfrentamientos han mantenido a amplios sectores de la población bajo una constante sensación de inseguridad.

Pero hechos como el registrado en Prados del Sur exponen una consecuencia todavía más grave: la violencia ya no queda contenida entre quienes participan directamente en esas disputas.

Esta vez, entre los disparos quedó un bebé.

Juan Alejandro tenía un año y cuatro meses.

Mientras las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque, quiénes participaron y cuál fue el móvil, la Fiscalía deberá determinar también las circunstancias en que el menor resultó alcanzado y deslindar responsabilidades por una agresión que dejó dos muertos y dos heridos en plena zona habitacional de Culiacán.

El mayor complejo fue localizado en las inmediaciones de Corralejo y tenía una superficie de 5 mil 700 metros cuadrados; autoridades estimaron en 347 millones de dólares la afectación económica a los grupos criminales.

Culiacán, Sinaloa, 04 septiembre 2026.- Fuerzas federales desmantelaron tres instalaciones clandestinas utilizadas presuntamente para la producción de drogas sintéticas en Sinaloa, donde fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina, además de sustancias químicas, material en proceso y equipo empleado para su elaboración.

La operación fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó el aseguramiento como “uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas”.

Un complejo de 5 mil 700 metros cuadrados

El principal operativo se realizó el 3 de septiembre en las inmediaciones de Corralejo, Sinaloa, donde las autoridades localizaron un complejo clandestino con una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados.

En ese sitio fueron asegurados alrededor de 16 mil 350 kilogramos de metanfetamina, además de más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas utilizadas presuntamente en los procesos de producción.

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración. En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo… pic.twitter.com/fdp2DRiwBU

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

De acuerdo con la información oficial, la afectación económica estimada para las organizaciones criminales asciende a 347 millones de dólares.

Por sus dimensiones y el volumen de sustancias localizadas, las autoridades identificaron el inmueble como el segundo laboratorio de metanfetamina de mayor tamaño localizado durante la actual administración federal.

El objetivo del operativo, según el reporte, fue afectar directamente las cadenas de suministro y reducir la capacidad de producción de drogas sintéticas.

Dos laboratorios más en la misma región

Un día antes, el 2 de septiembre, personal federal había localizado otra instalación clandestina en la misma zona, con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados.

En el lugar fueron asegurados cerca de 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, además de producto que todavía se encontraba en proceso de elaboración.

Posteriormente, en las inmediaciones de Corral Viejo, fue ubicado un tercer laboratorio de aproximadamente 450 metros cuadrados.

En esa instalación se localizaron alrededor de 160 kilogramos de aparente metanfetamina, además de sustancias químicas y equipo presuntamente utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

Los tres aseguramientos fueron realizados en un periodo de dos días y forman parte de las operaciones federales dirigidas contra centros de producción clandestina en Sinaloa.

Las instalaciones, sustancias y equipos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para la integración de las investigaciones y los procedimientos ministeriales derivados de los operativos.

El cargamento, localizado en 54 bultos flotando en el Pacífico, equivaldría a 3.2 millones de dosis y tendría un valor estimado de 340.2 millones de pesos.

Lázaro Cárdenas, Michoacá, 17 agosto 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron más de mil 600 kilogramos de presunta cocaína durante un operativo de vigilancia marítima realizado frente a las costas de Michoacán.

De acuerdo con la información oficial, personal naval detectó 54 bultos flotando en aguas del Océano Pacífico, aproximadamente a 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas.

Tras recuperar los paquetes, las autoridades determinaron que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso conjunto superior a 1.6 toneladas.

El cargamento fue trasladado a instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval, desde donde sería puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Marina estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de alrededor de 340 millones 200 mil pesos para la delincuencia organizada, al impedir la eventual comercialización de aproximadamente 3 millones 200 mil dosis.

El operativo se registró apenas dos días después de otra acción naval realizada el 15 de agosto en una zona marítima cercana, donde fue asegurada una embarcación menor con aproximadamente mil 900 kilogramos de presunta cocaína.

En ese despliegue también fueron detenidas dos personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Con ambos aseguramientos, la Marina reportó en cuestión de días más de 3.5 toneladas de presunta cocaína localizadas en operaciones realizadas frente a las costas de Michoacán.

El gobierno estadounidense anunció nuevas imputaciones, recompensas y restricciones de visa contra presuntos líderes, familiares y colaboradores del grupo criminal.

05 agosto 2026.- Mediante grandes carteles rojos con fotografías, nombres y montos de recompensa, autoridades de Estados Unidos presentaron una nueva ofensiva judicial contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El paquete contempla cargos contra cinco presuntos dirigentes y más de 100 millones de dólares por información que permita detener o condenar a líderes y asociados de la organización.

El anuncio fue realizado durante una conferencia del Departamento de Justicia, en la que participaron representantes de distintas agencias estadounidenses.

El fiscal general interino, Todd Blanche, informó sobre las imputaciones contra integrantes del CJNG, organización designada por el gobierno de Donald Trump como terrorista extranjera.

La recompensa más alta, de hasta 25 millones de dólares, corresponde a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, habría asumido una posición de liderazgo después de la muerte de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como fundador del cártel.

Estados Unidos también ofrece hasta 15 millones de dólares por información relacionada con Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, señalado como yerno de Oseguera Cervantes.

Las recompensas alcanzan los 10 millones de dólares en los casos de Ricardo Ruiz Velasco, “El Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, las autoridades ofrecen hasta 2 millones.

Las fichas difundidas por las agencias estadounidenses incluyen fotografías, alias y medios para recibir información de manera confidencial. Las recompensas están condicionadas a que los datos proporcionados conduzcan al arresto o la condena de las personas señaladas.

Revocan visas a familiares y asociados

Como parte de las medidas anunciadas, el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a 65 personas identificadas como familiares o colaboradores de individuos vinculados al CJNG. Veintiséis de ellas tenían visas vigentes, las cuales fueron revocadas.

La dependencia aseguró que desde la implementación de esta política, en junio de 2025, han sido canceladas 93 visas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados y vinculados con cárteles clasificados como organizaciones terroristas extranjeras.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las acciones buscan perseguir y desmantelar al CJNG. A través de su cuenta de X, destacó el monto acumulado de las recompensas y las restricciones migratorias impuestas contra personas relacionadas con la organización.

DEA acusa protección de funcionarios mexicanos

Durante la misma conferencia, el director de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, acusó que el CJNG mantiene parte de su capacidad operativa mediante violencia, corrupción y presunta protección de funcionarios mexicanos.

Cole sostuvo que integrantes del gobierno mexicano facilitarían actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia. La declaración corresponde a la versión del funcionario estadounidense y, dentro de la información difundida, no se precisaron nombres, cargos ni pruebas públicas contra servidores específicos.

El director de la DEA también responsabilizó al grupo criminal de participar en la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos, sustancia a la que calificó como “un arma de destrucción masiva”.

Las autoridades estadounidenses mantendrán abiertos los canales de denuncia para recibir información sobre las personas incluidas en las fichas de búsqueda. Los datos podrán ser enviados directamente a la DEA y otras agencias participantes bajo mecanismos de confidencialidad.

Leonel Paúl “N”, señalado por matar a un perro y herir a otros dos, fue vinculado a proceso. La historia que comenzó con disparos, indignación vecinal y una admisión difundida en video terminó frente a un juez y con el acusado tras las rejas.

Por Froilán Imperial Beltrán

Los Mochis, Sinaloa, 29 de julio de 2026.— Muy “valiente” resultó para empuñar un arma contra tres perros; pero, cuando la denuncia llegó a manos del Ministerio Público y el asunto cruzó las puertas de los tribunales, la valentía dejó de medirse en disparos y comenzó a contarse en datos de prueba.

Leonel Paúl “N”, señalado como el presunto responsable de matar a un perro y herir a otros dos en el ejido Jesús García, perteneciente a la sindicatura del Valle del Carrizo, fue vinculado a proceso y deberá enfrentar desde prisión el avance de la causa penal.

El caso comenzó el pasado 23 de julio, cuando tres perros presuntamente ingresaron a la propiedad del ahora imputado y ocasionaron algunos daños. Según la información difundida inicialmente, el hombre respondió tomando un arma y disparando en varias ocasiones contra los animales: uno murió en el lugar y dos quedaron lesionados. El propietario presentó posteriormente una denuncia por crueldad animal.

Del video a la sala de audiencias

La indignación creció después de que comenzó a circular en redes sociales un video en el que el señalado habría reconocido haber matado al perro.

Lo que posiblemente pretendía ser una explicación terminó convirtiéndose en una pieza más dentro del juicio público que ya se desarrollaba en la comunidad. Porque una cosa es querer justificar lo ocurrido frente a una cámara y otra muy distinta hacerlo ante un juez, acompañado de una carpeta de investigación.

Frente a los perros hubo rifle y disparos; frente al juez, hubo expediente, Ministerio Público y medida cautelar.

Vecinos del ejido Jesús García exigieron justicia y solicitaron que el caso no fuera tratado como una simple riña comunitaria o como un incidente menor entre propietarios y mascotas.

La denuncia avanzó y la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte integró la investigación que llevó a Leonel Paúl “N” ante el Centro de Justicia Penal Acusatorio.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los elementos reunidos para sostener la imputación. Después de escuchar a las partes, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

Así, el hombre que presuntamente resolvió a disparos la entrada de unos perros a su domicilio terminó ingresando al penal. El tiro, en términos judiciales, le salió por la culata.

Un perro muerto y dos sobrevivientes

El ataque dejó sin vida a un ejemplar cruza de husky con pastor alemán, mientras que los otros dos perros tuvieron que recibir atención veterinaria por las lesiones sufridas.

Por los animales sobrevivientes, trascendió que se alcanzó un acuerdo reparatorio inicial por 7 mil 500 pesos. El imputado también se habría comprometido a cubrir los gastos médicos necesarios hasta su recuperación.

Pero pagar curaciones no borra los disparos ni devuelve la vida al perro que murió.

Por esa razón, la causa penal relacionada con la muerte del animal continuará su curso, mientras las partes aportan nuevos elementos y la Fiscalía busca establecer plenamente la responsabilidad del acusado.

De “a mí nadie me hace nada” a esperar en prisión

La continuación del procedimiento quedó programada para el lunes 3 de agosto. Hasta entonces, Leonel Paúl “N” permanecerá recluido mientras avanza la investigación y se define el siguiente capítulo de un caso que ha provocado indignación en el Valle del Carrizo.

La resolución representa también un mensaje para quienes todavía consideran que disparar, golpear o matar a un animal es un asunto sin consecuencias.

Los perros no podían acudir al Ministerio Público, pero su propietario sí. Tampoco podían declarar ante el juez, pero las lesiones, la muerte de uno de ellos, los testimonios y la investigación terminaron hablando por ellos.

El presunto agresor creyó que el problema eran tres perros dentro de su propiedad; ahora su problema es una causa penal que deberá enfrentar desde prisión.

La responsabilidad definitiva deberá acreditarse conforme al debido proceso y Leonel Paúl “N” conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

Sin embargo, por ahora, al señalado como el presunto “mataperros” del Valle del Carrizo se le terminó el paseo: ya no anda suelto por el ejido, sino esperando detrás de las rejas el desenlace judicial de sus propios disparos.

Lo que nos faltaba: Sinaloa también “exporta talento”, aunque esta vez habría sido del equivocado. Un joven culiacanense fue detenido en Honduras, acusado de utilizar conocimientos informáticos para retirar dinero de cajeros automáticos sin tarjeta.

Por Froilán Imperial Beltrán

San Pedro Sula, Honduras, 27 julio 2026.- En Sinaloa siempre se ha dicho que hay talento para todo. Para la agricultura, los negocios, la música, el deporte y, al parecer, también para buscarle rutas alternas al dinero ajeno.

Esta vez, la llamada “fuga de cerebros” no habría terminado en una universidad extranjera, una empresa tecnológica o un laboratorio de innovación, sino frente a un cajero automático de San Pedro Sula, donde un joven originario de Culiacán fue detenido bajo sospecha de fraude informático.

El hombre, de 25 años, es investigado por las autoridades hondureñas por los delitos de estafa y acceso ilícito a sistemas informáticos. Según la información oficial, presuntamente logró obtener 190 mil lempiras, equivalentes a aproximadamente 123 mil 618 pesos mexicanos.

No necesitaba tarjeta bancaria, ni número confidencial, ni hacer fila detrás de alguien que tarda diez minutos consultando su saldo. De acuerdo con las indagatorias, el joven habría encontrado un camino mucho más sofisticado —y también mucho más ilegal— para lograr que los cajeros entregaran efectivo.

El presunto método

Las autoridades sostienen que el culiacanense vulneraba el sistema interno de los cajeros automáticos y utilizaba un algoritmo, junto con un programa instalado en un teléfono celular, para generar códigos que permitían ordenar retiros sin introducir una tarjeta.

Dicho de otra manera: mientras cualquier ciudadano necesita una cuenta bancaria, saldo disponible y recordar su NIP, el sospechoso presuntamente solo requería su teléfono, conocimientos informáticos y una preocupante falta de respeto por la propiedad ajena.

Capturamos a mexicano por sustraer 190 mil lempiras de cajeros automáticos en San Pedro Sula

Ver más…👉🏻 https://t.co/e3loDmPw28 pic.twitter.com/6veRFhTk0R

— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) July 27, 2026

La operación parecía funcionar hasta que una institución bancaria detectó movimientos irregulares en su red de cajeros. Porque los sistemas financieros podrán tener vulnerabilidades, pero los bancos suelen notar con rapidez cuando el dinero comienza a salir sin pedir permiso.

Las cámaras de vigilancia de otro cajero, ubicado en el sector Los Álamos, registraron al mismo hombre realizando retiros de efectivo. Aquellas imágenes permitieron a los investigadores seguir sus movimientos y concretar su captura.

Y fue ahí donde terminó la presunta genialidad: el programa pudo engañar al cajero, pero no a las cámaras.

Talento… del equivocado

El caso tiene un tono inevitablemente irónico. El joven aparentemente poseía conocimientos suficientes para comprender algoritmos, software y sistemas electrónicos complejos. Habilidades que podrían haber servido para desarrollar aplicaciones, reforzar la seguridad informática o trabajar profesionalmente en tecnología.

Pero, según la acusación, decidió aplicar esa capacidad en una dirección bastante distinta: convencer a una máquina de entregar dinero que no le pertenecía.

El ingenio parecía suficiente para entender los sistemas bancarios, pero no para calcular que los cajeros también tienen cámaras.

No sería justo llamarlo todavía culpable, pues corresponderá a las autoridades y tribunales hondureños determinar su responsabilidad. Sin embargo, tampoco puede presentarse la historia como una hazaña tecnológica ni romantizarse al presunto responsable como un “hacker brillante”.

La inteligencia no se mide únicamente por la capacidad de encontrar una vulnerabilidad. También se mide por saber qué hacer —y qué no hacer— cuando esa vulnerabilidad aparece.

Las investigaciones continúan para identificar a posibles cómplices, conocer si fueron afectados otros cajeros y establecer el monto total que habría sido retirado mediante este esquema.

Por ahora, la peculiar exportación de “talento” sinaloense terminó lejos de Silicon Valley y demasiado cerca de una celda hondureña: de Culiacán a Honduras, pero por la ruta equivocada.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado mientras desayunaba en San Pablo Etla; había denunciado amenazas de muerte y es el séptimo periodista asesinado en México durante 2026.

Por Froilán ImperialBeltrán

San Pablo Etla, Oaxaca, 23 de julio de 2026.– La violencia volvió a golpear al periodismo mexicano. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, comunicador con una trayectoria de casi tres décadas y conocido por sus posiciones críticas frente al poder público, fue asesinado a balazos la mañana del miércoles mientras desayunaba en un establecimiento del fraccionamiento La Esmeralda, en este municipio de los Valles Centrales de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos personas llegaron a bordo de una motocicleta y una de ellas disparó directamente contra el periodista. Leyva Aguilar murió en el lugar, mientras que una mujer que se encontraba en el establecimiento resultó herida durante la agresión.

El comunicador dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión entre 2016 y 2020. En los últimos años publicaba la columna política El Zumbido del Moscardón, difundida por diferentes medios y plataformas digitales, desde donde cuestionaba decisiones gubernamentales, problemas de inseguridad y presuntos hechos de corrupción.

Su asesinato ocurrió después de que en su última publicación abordara nuevamente asuntos relacionados con la administración estatal y la situación de violencia en Oaxaca.

Había denunciado amenazas

El crimen adquiere una dimensión todavía más grave porque las autoridades conocían los riesgos que enfrentaba el periodista.

El 14 de julio de 2025, poco más de un año antes de su asesinato, Leyva Aguilar presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por amenazas de muerte y una campaña de descrédito que, de acuerdo con su denuncia, comenzó después de que fue señalado públicamente en un espacio de las conferencias del Gobierno estatal.

Reporteros Sin Fronteras señaló que el caso evidencia fallas en los mecanismos institucionales encargados de proteger a periodistas amenazados y exigió la intervención de las autoridades federales.

La organización ubica a Leyva Aguilar como el séptimo periodista asesinado en México durante 2026 y el segundo en menos de una semana.

Fiscalía rastrea a los agresores

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que desplegó agentes de investigación y personal pericial para procesar el lugar, recuperar indicios físicos y balísticos e iniciar el rastreo de los responsables.

La dependencia aseguró que cuenta con material videográfico obtenido mediante el sistema C5, el cual fue incorporado a la carpeta de investigación para reconstruir la ruta seguida por los agresores.

También anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con el propósito de investigar todas las líneas posibles, incluida la actividad periodística de la víctima.

El gobernador Salomón Jara condenó el homicidio y reconoció que Leyva Aguilar era un periodista crítico de su administración. Sostuvo que las diferencias con el trabajo de la prensa jamás pueden justificar un acto de violencia y pidió que la investigación se realice en coordinación con las autoridades federales.

Siete periodistas asesinados en 2026

Con el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, México suma siete periodistas asesinados en lo que va de 2026, de acuerdo con el recuento de Reporteros Sin Fronteras.

El crimen vuelve a colocar bajo escrutinio no solamente la violencia ejercida contra quienes investigan, cuestionan y publican información de interés público, sino también la capacidad del Estado para proteger a periodistas que previamente han denunciado amenazas.

La exigencia del gremio es inmediata: que el asesinato no se convierta en una carpeta más y que las investigaciones alcancen tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron el ataque.

¡Ni uno más!

Francisco Alejandro Leyva Aguilar no puede convertirse en una estadística más. Su asesinato representa otro ataque contra la libertad de expresión y contra el derecho de toda la sociedad a mantenerse informada.

Desde Visión Sinaloa Portal y La Mochila Presente sostenemos que este crimen se suma a una de las etapas más sangrientas para el ejercicio periodístico. No bastan las condenas oficiales: se necesitan investigaciones eficaces, responsables plenamente identificados, justicia para las víctimas y protección verdadera para quienes han denunciado amenazas.

¡Ni uno más!

Por Froilán Imperial Beltrán

Brooklyn, Nueva York, 20 julio 2026.- Ismael “El Mayo” Zambada, considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes a cadena perpetua por un tribunal federal de Estados Unidos, tras declararse culpable de diversos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, entre ellos cocaína y fentanilo.

La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, quien además ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, al considerar acreditada la responsabilidad del acusado en una de las organizaciones criminales más influyentes del continente.

Pide perdón a las víctimas

Momentos antes de conocer la resolución judicial, Zambada dirigió un mensaje al tribunal en el que asumió públicamente la responsabilidad por sus actos y ofreció una disculpa a las personas y familias que resultaron afectadas por la violencia generada por el narcotráfico.

“Nadie gana en este tipo de guerra”, expresó el capo sinaloense durante la audiencia.

Asimismo, hizo un llamado para que cese la violencia en México y en otras regiones, al tiempo que exhortó a las nuevas generaciones a mantenerse alejadas de la delincuencia organizada.

“No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad”, manifestó.

Defensa solicita prisión con atención médica

La defensa había reconocido previamente que, tras la aceptación de culpabilidad, la cadena perpetua era prácticamente inevitable; sin embargo, solicitó que Zambada fuera internado en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su avanzado estado de salud.

Durante la audiencia, el juez Brian Cogan evitó recomendar un penal específico, aunque pidió al Buró Federal de Prisiones (BOP) que considere las condiciones físicas del sentenciado al momento de determinar el lugar donde cumplirá la condena.

La Fiscalía estadounidense expresó reservas sobre esa petición, argumentando que el exlíder criminal aún podría conservar influencia y contactos dentro de la organización que encabezó durante décadas.

Deterioro físico evidente

Ismael Zambada ingresó a la sala de audiencias caminando con dificultad, apoyándose en un bastón y mostrando visibles problemas de movilidad y audición. Vestía el uniforme caqui del sistema penitenciario estadounidense y, por momentos, requirió apoyo de traducción para seguir el desarrollo de la audiencia.

Uno de los capítulos más importantes contra el narcotráfico

Con esta sentencia concluye uno de los procesos penales más relevantes emprendidos por la justicia estadounidense contra el crimen organizado mexicano. Durante más de cuatro décadas, «El Mayo» Zambada fue señalado como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y una de las figuras con mayor influencia en el tráfico internacional de drogas.

La resolución judicial lo coloca en una situación similar a la de su antiguo socio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien también fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, consolidando uno de los golpes judiciales más significativos contra la estructura histórica del Cártel de Sinaloa.

Redacción | Visión Sinaloa Portal