A 89 años de la creación de la Comisión Federal de Electricidad, extrabajadores preparan una movilización simultánea en oficinas y edificios de la empresa en los 32 estados. Exigen frenar los recortes a sus pensiones y revertir lo que consideran una aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional.

Los Mochis, Sinaloa, 08, agosto 2026.- El próximo 14 de agosto, mientras la Comisión Federal de Electricidad cumpla 89 años de historia, una parte de quienes trabajaron durante décadas en la empresa volverá a colocarse frente a sus instalaciones. No será para una ceremonia de aniversario.

Será para protestar.

La convocatoria de la Alianza Nacional de Jubilados llama a una movilización simultánea en oficinas y edificios de CFE de los 32 estados del país. En el centro del cartel aparece una frase que resume el sentido que los extrabajadores quieren imprimir a la jornada: “89 años también llevan nuestra historia”.

La fecha no es casual. La CFE conmemoró oficialmente su aniversario número 88 el 14 de agosto de 2025, por lo que este 2026 llega a los 89 años de existencia.

Pero para decenas de jubilados de confianza de Los Mochis y miles en otras partes del país, el aniversario llega en medio de una disputa que desde hace meses dejó de librarse solamente en documentos administrativos y comenzó a trasladarse a calles, aeropuertos, congresos y tribunales.

De Los Mochis a una protesta nacional

En el norte de Sinaloa, los jubilados de CFE ya han salido públicamente a defender sus pensiones. El 6 de mayo denunciaron que los ajustes derivados de la reforma al artículo 127 constitucional estaban afectando ingresos que consideran derechos adquiridos durante sus años de servicio. Algunos de los afectados reportaron reducciones que iban del 5 hasta el 70 por ciento, dependiendo de cada caso.

La inconformidad escaló.

El 4 de junio, extrabajadores se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis como parte de una protesta simultánea realizada en distintas entidades. Entonces señalaron que los descuentos ya se reflejaban en varias quincenas de sus pagos.

Tres semanas después volvieron al aeropuerto. El 26 de junio, jubilados de confianza de CFE se manifestaron nuevamente para exigir que se respetaran las condiciones bajo las cuales se retiraron. De acuerdo con representantes del movimiento citados durante aquella jornada, alrededor de 90 jubilados estaban afectados en la zona norte de Sinaloa y estimaban entre 45 mil y 50 mil extrabajadores involucrados a escala nacional.

Las protestas no fueron exclusivas de Sinaloa. Hubo movilizaciones de jubilados en entidades como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Coahuila, entre otras, con una demanda común: impedir que las nuevas disposiciones reduzcan pensiones que ya habían sido otorgadas.

La disputa está en el artículo 127

El conflicto tiene su origen inmediato en la reforma constitucional en materia de límites a jubilaciones y pensiones de entidades públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026.

Uno de los puntos que concentra la inconformidad es el Segundo Transitorio. El texto aprobado establece que, a partir de la entrada en vigor del decreto, las jubilaciones o pensiones no excluidas por la propia reforma y otorgadas antes de su vigencia deben ajustarse al nuevo límite, incluidas aquellas que ya se encontraban vigentes.

Para los jubilados, ahí está el núcleo del problema.

Sostienen que modificar ahora las condiciones económicas de una jubilación concedida años atrás equivale a aplicar la legislación retroactivamente en su perjuicio y vulnera derechos previamente adquiridos. Esa es la posición que han mantenido en las movilizaciones realizadas durante mayo y junio.

La discusión también dejó una contradicción política que los afectados han colocado sobre la mesa. Durante el proceso legislativo, el 25 de marzo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Leonel Godoy Rangel, aseguró públicamente que la reforma “no se aplicará retroactivamente”.

La reforma fue aprobada ese mismo día por la Cámara de Diputados y posteriormente promulgada.

La batalla llegó a los tribunales

Mientras las manifestaciones continuaron, los jubilados también comenzaron a recurrir a la vía jurídica.

La cantidad de juicios relacionados con la reforma llevó al Órgano de Administración Judicial a habilitar juzgados y tribunales federales específicos para atender asuntos derivados de los amparos promovidos contra el decreto. Hubo acuerdos publicados en abril y nuevas disposiciones durante julio para ampliar los órganos encargados de conocer estos casos.

La presión también llegó a la Cámara de Diputados.

El 23 de julio, la Alianza Nacional de Jubilados pidió a legisladores de todas las fuerzas políticas corregir los efectos de la reforma y restablecer los derechos que la organización considera afectados. La agrupación incluye extrabajadores de CFE, Pemex, Bancomext, Nafin y otras entidades públicas.

El 14 de agosto, otra vez a las calles

Ahora la protesta entra en una nueva etapa.

La convocatoria difundida por la Alianza Nacional de Jubilados fija el 14 de agosto para una movilización nacional frente a oficinas y edificios de la Comisión Federal de Electricidad. El llamado pretende concentrar el reclamo en los 32 estados bajo una misma demanda: respeto a los derechos adquiridos y a las condiciones bajo las cuales fueron jubilados.

La imagen elegida para convocar a la jornada une dos tiempos: trabajadores de la antigua Comisión Federal de Electricidad y jubilados de la actualidad. Entre ambos aparece el número 89, el aniversario de una empresa en cuya construcción muchos de los inconformes pasaron buena parte de su vida laboral.

Después de las protestas en aeropuertos, concentraciones frente a instalaciones públicas, gestiones ante diputados y recursos ante tribunales federales, los jubilados volverán a las calles.

Esta vez lo harán precisamente el día del aniversario de CFE.

Y la frase con la que convocan resume el reclamo que pretenden llevar ese día ante las oficinas de la empresa en todo México:

“89 años también llevan nuestra historia”.

El gobierno estadounidense anunció nuevas imputaciones, recompensas y restricciones de visa contra presuntos líderes, familiares y colaboradores del grupo criminal.

05 agosto 2026.- Mediante grandes carteles rojos con fotografías, nombres y montos de recompensa, autoridades de Estados Unidos presentaron una nueva ofensiva judicial contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El paquete contempla cargos contra cinco presuntos dirigentes y más de 100 millones de dólares por información que permita detener o condenar a líderes y asociados de la organización.

El anuncio fue realizado durante una conferencia del Departamento de Justicia, en la que participaron representantes de distintas agencias estadounidenses.

El fiscal general interino, Todd Blanche, informó sobre las imputaciones contra integrantes del CJNG, organización designada por el gobierno de Donald Trump como terrorista extranjera.

La recompensa más alta, de hasta 25 millones de dólares, corresponde a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, habría asumido una posición de liderazgo después de la muerte de su padrastro, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como fundador del cártel.

Estados Unidos también ofrece hasta 15 millones de dólares por información relacionada con Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, señalado como yerno de Oseguera Cervantes.

Las recompensas alcanzan los 10 millones de dólares en los casos de Ricardo Ruiz Velasco, “El Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, las autoridades ofrecen hasta 2 millones.

Las fichas difundidas por las agencias estadounidenses incluyen fotografías, alias y medios para recibir información de manera confidencial. Las recompensas están condicionadas a que los datos proporcionados conduzcan al arresto o la condena de las personas señaladas.

Revocan visas a familiares y asociados

Como parte de las medidas anunciadas, el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a 65 personas identificadas como familiares o colaboradores de individuos vinculados al CJNG. Veintiséis de ellas tenían visas vigentes, las cuales fueron revocadas.

La dependencia aseguró que desde la implementación de esta política, en junio de 2025, han sido canceladas 93 visas a familiares y asociados de narcotraficantes sancionados y vinculados con cárteles clasificados como organizaciones terroristas extranjeras.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las acciones buscan perseguir y desmantelar al CJNG. A través de su cuenta de X, destacó el monto acumulado de las recompensas y las restricciones migratorias impuestas contra personas relacionadas con la organización.

DEA acusa protección de funcionarios mexicanos

Durante la misma conferencia, el director de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, acusó que el CJNG mantiene parte de su capacidad operativa mediante violencia, corrupción y presunta protección de funcionarios mexicanos.

Cole sostuvo que integrantes del gobierno mexicano facilitarían actividades como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia. La declaración corresponde a la versión del funcionario estadounidense y, dentro de la información difundida, no se precisaron nombres, cargos ni pruebas públicas contra servidores específicos.

El director de la DEA también responsabilizó al grupo criminal de participar en la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos, sustancia a la que calificó como “un arma de destrucción masiva”.

Las autoridades estadounidenses mantendrán abiertos los canales de denuncia para recibir información sobre las personas incluidas en las fichas de búsqueda. Los datos podrán ser enviados directamente a la DEA y otras agencias participantes bajo mecanismos de confidencialidad.

El Gobierno federal expuso una propuesta para alcanzar acuerdos sobre la planta de amoniaco; ningún representante identificado del colectivo asistió a la conferencia ni hubo protestas dentro o fuera del recinto.

Por Froilán Imperial Beltrán

Los Mochis, Sinaloa, 4 de agosto de 2026.- Representantes de los gobiernos federal y estatal presentaron el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira, una propuesta con la que se busca alcanzar acuerdos sobre la continuidad de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo.

Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de México para la Atención al Tema GPO, señaló que el documento incorpora inquietudes planteadas durante el proceso de diálogo por integrantes del colectivo Aquí No y representantes de las comunidades cercanas al proyecto.

“Este plan se está poniendo a consideración. Ya tenemos estructurado quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Responde a las inquietudes que históricamente han planteado el colectivo y las comunidades”, declaró durante la conferencia de prensa.

La propuesta contempla la evaluación de las condiciones actuales de la Bahía de Ohuira, así como programas de restauración, saneamiento y protección de la flora y fauna. También incluye medidas relacionadas con la prevención y atención de riesgos.

Rodríguez Alonso explicó que se propone instalar un centro de atención inmediata y que la empresa deberá desarrollar acciones para prevenir y responder ante posibles derrames o fugas dentro de la planta.

Primero, evaluar cómo está la bahía; segundo, un plan de restauración integral, un plan de saneamiento y cuidado de su flora y fauna”, detalló.

En materia económica, el plan considera apoyos para pescadores durante las temporadas de veda y la posibilidad de facilitar el acceso a motores. Para el sector agrícola, se plantea mejorar la disponibilidad de insumos y reducir gastos logísticos, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario federal.

Rodríguez Alonso sostuvo que el documento no fue elaborado exclusivamente por el Gobierno, sino que surgió del intercambio entre las comunidades, el pueblo Mayo-Yoreme, el colectivo Aquí No y representantes de GPO.

Según lo informado durante la presentación, la empresa manifestó su disposición para asumir los compromisos que se definan como resultado del diálogo. El colectivo, por su parte, revisará el contenido del plan y lo socializará con las comunidades antes de emitir una posición definitiva.

Ausencia notoria del colectivo Aquí No

Aunque buena parte de la presentación oficial se concentró en las inquietudes expresadas durante años por el colectivo Aquí No y por habitantes de las comunidades cercanas a la Bahía de Ohuira, ninguno de sus representantes identificados estuvo presente en la conferencia.

En el salón se observó a funcionarios federales y estatales, representantes vinculados con el proceso, invitados y medios de comunicación. No hubo pancartas, consignas ni manifestaciones de rechazo dentro del recinto. Tampoco se registraron protestas en el exterior del lugar durante el desarrollo del encuentro.

La ausencia fue notoria porque el Gobierno federal presentó el documento como resultado del diálogo con quienes han cuestionado la instalación y operación de la planta de amoniaco. Durante la conferencia no se precisó si integrantes de Aquí No fueron convocados, si optaron por no asistir o si su participación quedó limitada a reuniones previas.

El colectivo deberá revisar ahora el contenido del plan y consultarlo con las comunidades antes de fijar una postura. Esa respuesta será determinante para saber si la propuesta abre una ruta de acuerdo o mantiene las diferencias que durante años han acompañado al proyecto de GPO en Topolobampo.

El Gobierno de México llamó a las partes involucradas a mantener abiertas las mesas de negociación. El siguiente paso será la revisión comunitaria de la propuesta y la presentación de observaciones antes de establecer acuerdos sobre el proyecto industrial.

En la conferencia participaron Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa; Ángel Moisés Piña García, delegado de Programas para el Bienestar; y José Luis Acosta Rodríguez, representante del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua.

También asistieron Mireya Espinoza Imperial, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Gloria Himelda Félix, secretaria de Educación Pública y Cultura; Raúl Montero Zamudio, secretario de Obras Públicas, y Francisco Javier Barrón Aguayo, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Jubilados de confianza de la CFE llevaron su inconformidad ante la CEDH y preparan una defensa nacional contra la aplicación retroactiva del artículo 127. Exigen respeto a jubilaciones obtenidas después de entre 25 y 40 años de servicio.

Por Froilán Imperial Beltrán

Los Mochis, Sinaloa, 29 de julio de 2026.- Los jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad no están solicitando una concesión nueva ni un beneficio extraordinario. Están defendiendo pensiones que fueron pactadas, reconocidas y otorgadas después de décadas de trabajo al servicio del sistema eléctrico nacional.

Durante la conferencia ofrecida este miércoles, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de la CFE en el norte de Sinaloa informaron que presentaron formalmente una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por los recortes que atribuyen a la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional.

El reclamo tiene un fondo laboral, constitucional y humano: impedir que una disposición posterior disminuya prestaciones que ya habían ingresado al patrimonio de extrabajadores que laboraron entre 25 y 40 años en la empresa pública.

No se trata de defender privilegios. Se trata de proteger derechos adquiridos por quienes dedicaron gran parte de su vida a garantizar el servicio eléctrico del país.

CEDH respalda que el caso llegue a la CNDH

El presidente de la CEDH en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, explicó que el organismo estatal no tiene competencia para resolver directamente el fondo del asunto, debido a que los actos reclamados corresponden a una autoridad federal.

Sin embargo, ofreció acompañamiento institucional a los jubilados para integrar el expediente y presentarlo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La CNDH sí puede recibir e investigar quejas relacionadas con posibles violaciones cometidas por autoridades administrativas federales, además de procurar soluciones y emitir recomendaciones públicas cuando determine que existieron afectaciones a derechos.

El respaldo de la CEDH representa un paso importante porque reconoce que detrás de los descuentos existe una controversia que no puede reducirse a una decisión presupuestaria: están en juego la seguridad jurídica, la propiedad, la protección social y la subsistencia de personas jubiladas.

Una reforma dirigida al personal de confianza

La reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026 bajo el argumento de establecer límites a determinadas jubilaciones y pensiones de entidades.

El nuevo texto del artículo 127 dispone que las jubilaciones del personal de confianza de empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, instituciones financieras públicas y otras entidades no deben superar la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo.

El problema central se encuentra en el régimen transitorio, porque ordena ajustar al nuevo límite jubilaciones concedidas antes de que la reforma entrara en vigor, incluidas aquellas que ya se encontraban.

Ese mandato es precisamente el que los extrabajadores cuestionan: la reforma no solamente regula jubilaciones futuras, sino que pretende modificar pensiones previamente otorgadas y reconocidas.

La promesa política contradice el texto aprobado

Existe además una contradicción que fortalece la exigencia de los jubilados.

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, sostuvo públicamente que la reforma no se aplicaría retroactiva.

Sin embargo, el régimen transitorio aprobado ordenó revisar y ajustar pensiones otorgadas antes de la entrada en vigor del mismo.

Para los extrabajadores, esta diferencia entre lo declarado ante la opinión pública y lo finalmente aplicado debe ser aclarada por las autoridades.

Si se aseguró que no habría retroactividad, no resulta jurídicamente congruente disminuir prestaciones que ya habían sido concedidas bajo contratos, reglamentos y resoluciones laborales anteriores.

El artículo 14 protege frente a la retroactividad

La defensa de los jubilados encuentra sustento directo en el artículo 14 de la Constitución:

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

El principio significa que una norma nueva no debe regresar al pasado para modificar, limitar o suprimir derechos que ya se habían incorporado a la esfera jurídica de una persona.

La Suprema Corte ha establecido que, cuando un trabajador cumple los requisitos, obtiene su jubilación y ésta es reconocida por la institución correspondiente, los derechos derivados de esa prestación ingresan a su patrimonio y no pueden ser afectados negativamente por una disposición.

Los criterios judiciales distinguen claramente entre una expectativa y un derecho adquirido. Quien todavía no reúne los requisitos para jubilarse puede estar sujeto a nuevas reglas; quien ya obtuvo formalmente su pensión se encuentra en una situación jurídica consolidada.

En el caso de los extrabajadores de confianza de la CFE, no se discute una jubilación futura. Se trata de personas que ya concluyeron su relación laboral, recibieron una resolución y comenzaron a cobrar conforme a las condiciones vigentes en ese momento.

La jubilación no fue un regalo

Luis Humberto Soto Cota, vocero de los jubilados de la CFE, explicó que las prestaciones fueron alcanzadas después de periodos laborales de entre 25 y 40 años y conforme a reglamentos, convenios y determinaciones autorizadas por las autoridades laborales.

Por ello, resulta injusto presentar esas pensiones como dádivas o privilegios.

Durante décadas, estos trabajadores ocuparon cargos de responsabilidad, atendieron emergencias, mantuvieron instalaciones, encabezaron áreas técnicas y administrativas y contribuyeron al funcionamiento de una empresa estratégica para México.

Su jubilación fue una contraprestación derivada de toda una vida laboral, no una gratificación discrecional concedida desde una oficina.

Los tribunales federales también han protegido a trabajadores de confianza jubilados de empresas públicas cuando normas posteriores han pretendido disminuir las condiciones bajo las cuales obtuvieron sus pensiones. Un precedente relacionado con personal de confianza de Pemex determinó que la jubilación debe regirse por la normativa vigente al momento en que se obtuvo y que una regulación posterior no puede suprimir un derecho adquirido.

También están en juego los artículos 1 y 16

El artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades a interpretar las normas favoreciendo en todo momento la protección más amplia de las personas y prohíbe retrocesos injustificados en el ejercicio de los derechos humanos.

Una reducción de pensiones ya reconocidas debe, por tanto, analizarse bajo los principios de progresividad, seguridad social, igualdad y protección de la dignidad humana.

El artículo 16 también exige que cualquier acto que afecte los derechos de una persona se encuentre debidamente fundado y motivado.

Esto significa que la CFE debe explicar individualmente:

• quién ordenó el descuento;
• qué disposición concreta aplicó;
• cómo calculó la reducción;
• qué categoría laboral tenía cada jubilado;
• qué parte de la prestación está sujeta al límite;
• y por qué se decidió modificar una jubilación previamente reconocida.

No basta con efectuar una reducción general en la nómina. Cada afectación debe estar sustentada en un acto escrito, individualizado y susceptible de ser impugnado.

Una defensa legítima y necesaria

Los jubilados anunciaron que extrabajadores de distintas entidades presentarán quejas semejantes ante los organismos estatales de derechos humanos para integrar un expediente nacional y llevarlo ante la CNDH.

La movilización es legítima.

Defender sus jubilaciones no significa colocarse por encima de la ley. Significa exigir que la propia autoridad respete la Constitución, los contratos, las resoluciones laborales y la palabra empeñada cuando estas personas concluyeron su vida de servicio.

Los trabajadores de confianza también son trabajadores. También tienen derechos laborales. También construyeron antigüedad, cumplieron responsabilidades y organizaron su retiro conforme a reglas que el Estado reconoció como válidas.

Calificar indiscriminadamente sus pensiones como “doradas” busca convertirlos en responsables de una situación que no crearon y desviar la atención del asunto central: una reforma posterior no debe arrebatar derechos ganados antes de su publicación.

La lucha de los jubilados de confianza de la CFE merece respaldo social, acompañamiento institucional y una revisión judicial profunda.

Porque detrás de cada descuento existe una persona, una familia y una vida dedicada al servicio público.

Y porque los derechos adquiridos no deben borrarse con una reforma ni disminuirse con un movimiento administrativo: se respetan, se protegen y se defienden.

Lo que nos faltaba: Sinaloa también “exporta talento”, aunque esta vez habría sido del equivocado. Un joven culiacanense fue detenido en Honduras, acusado de utilizar conocimientos informáticos para retirar dinero de cajeros automáticos sin tarjeta.

Por Froilán Imperial Beltrán

San Pedro Sula, Honduras, 27 julio 2026.- En Sinaloa siempre se ha dicho que hay talento para todo. Para la agricultura, los negocios, la música, el deporte y, al parecer, también para buscarle rutas alternas al dinero ajeno.

Esta vez, la llamada “fuga de cerebros” no habría terminado en una universidad extranjera, una empresa tecnológica o un laboratorio de innovación, sino frente a un cajero automático de San Pedro Sula, donde un joven originario de Culiacán fue detenido bajo sospecha de fraude informático.

El hombre, de 25 años, es investigado por las autoridades hondureñas por los delitos de estafa y acceso ilícito a sistemas informáticos. Según la información oficial, presuntamente logró obtener 190 mil lempiras, equivalentes a aproximadamente 123 mil 618 pesos mexicanos.

No necesitaba tarjeta bancaria, ni número confidencial, ni hacer fila detrás de alguien que tarda diez minutos consultando su saldo. De acuerdo con las indagatorias, el joven habría encontrado un camino mucho más sofisticado —y también mucho más ilegal— para lograr que los cajeros entregaran efectivo.

El presunto método

Las autoridades sostienen que el culiacanense vulneraba el sistema interno de los cajeros automáticos y utilizaba un algoritmo, junto con un programa instalado en un teléfono celular, para generar códigos que permitían ordenar retiros sin introducir una tarjeta.

Dicho de otra manera: mientras cualquier ciudadano necesita una cuenta bancaria, saldo disponible y recordar su NIP, el sospechoso presuntamente solo requería su teléfono, conocimientos informáticos y una preocupante falta de respeto por la propiedad ajena.

Capturamos a mexicano por sustraer 190 mil lempiras de cajeros automáticos en San Pedro Sula

Ver más…👉🏻 https://t.co/e3loDmPw28 pic.twitter.com/6veRFhTk0R

— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) July 27, 2026

La operación parecía funcionar hasta que una institución bancaria detectó movimientos irregulares en su red de cajeros. Porque los sistemas financieros podrán tener vulnerabilidades, pero los bancos suelen notar con rapidez cuando el dinero comienza a salir sin pedir permiso.

Las cámaras de vigilancia de otro cajero, ubicado en el sector Los Álamos, registraron al mismo hombre realizando retiros de efectivo. Aquellas imágenes permitieron a los investigadores seguir sus movimientos y concretar su captura.

Y fue ahí donde terminó la presunta genialidad: el programa pudo engañar al cajero, pero no a las cámaras.

Talento… del equivocado

El caso tiene un tono inevitablemente irónico. El joven aparentemente poseía conocimientos suficientes para comprender algoritmos, software y sistemas electrónicos complejos. Habilidades que podrían haber servido para desarrollar aplicaciones, reforzar la seguridad informática o trabajar profesionalmente en tecnología.

Pero, según la acusación, decidió aplicar esa capacidad en una dirección bastante distinta: convencer a una máquina de entregar dinero que no le pertenecía.

El ingenio parecía suficiente para entender los sistemas bancarios, pero no para calcular que los cajeros también tienen cámaras.

No sería justo llamarlo todavía culpable, pues corresponderá a las autoridades y tribunales hondureños determinar su responsabilidad. Sin embargo, tampoco puede presentarse la historia como una hazaña tecnológica ni romantizarse al presunto responsable como un “hacker brillante”.

La inteligencia no se mide únicamente por la capacidad de encontrar una vulnerabilidad. También se mide por saber qué hacer —y qué no hacer— cuando esa vulnerabilidad aparece.

Las investigaciones continúan para identificar a posibles cómplices, conocer si fueron afectados otros cajeros y establecer el monto total que habría sido retirado mediante este esquema.

Por ahora, la peculiar exportación de “talento” sinaloense terminó lejos de Silicon Valley y demasiado cerca de una celda hondureña: de Culiacán a Honduras, pero por la ruta equivocada.

Simón Levy dio a conocer en sus redes sociales la supuesta existencia de procedimientos internacionales contra ambos políticos; sin embargo, hasta ahora no hay documentación judicial ni confirmación de las autoridades competentes.

Por Froilán Imperial Beltrán

Ciudad de México, 26 de julio de 2026.- El empresario y exfuncionario Simón Levy dio a conocer a través de sus redes sociales que presuntamente existirían órdenes de aprehensión de alcance internacional contra Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”.

En su publicación, Levy presentó el supuesto procedimiento como un hecho consumado e incluso afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum tendría conocimiento de este. El mensaje fue replicado rápidamente por usuarios y distintos medios digitales, lo que generó controversia en el ámbito político.

No obstante, hasta la publicación de esta nota no se habían presentado órdenes judiciales, números de expediente, solicitudes de extradición ni documentos oficiales que permitieran comprobar el señalamiento realizado por el exfuncionario.

La versión gana fuerza en las plataformas digitales, pero continúa sin respaldo documental ni confirmación institucional.

Tampoco se había localizado un pronunciamiento público de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridades estadounidenses o Interpol que confirmara la existencia de un procedimiento judicial internacional contra Adán Augusto López Hernández o Andrés Manuel López Beltrán.

La ausencia de sus nombres en el registro público de Interpol tampoco permite descartar completamente que exista alguna notificación reservada, debido a que la mayoría de las fichas rojas solamente están disponibles para las corporaciones policiales y no se publican en el portal abierto de la organización.

Además, Interpol precisa que una ficha roja no constituye por sí misma una orden internacional de aprehensión. Se trata de una solicitud de cooperación dirigida a las autoridades de sus países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona, con base en una orden judicial emitida por la nación solicitante.

Mientras no aparezca documentación verificable o una confirmación institucional, la información divulgada por Simón Levy deberá manejarse como una versión no comprobada, y no como la existencia acreditada de un procedimiento judicial internacional.

Reportes no verificados aseguran que el líder supremo iraní habría estado en una instalación militar atacada; ni Teherán ni Washington han confirmado el bombardeo ni su fallecimiento.

Por Froilán Imperial Beltrán

Teherán, Irán, 26 de julio de 2026.- Versiones difundidas durante las últimas horas aseguran que instalaciones vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní habrían sido atacadas en Teherán y que Mojtaba Jamenei, actual líder supremo de Irán, podría haber estado en uno de los objetivos.

Los mismos reportes, todavía sin respaldo oficial, sostienen que Jamenei habría perdido la vida durante el supuesto bombardeo.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre un nuevo ataque estadounidense en Teherán ni sobre la muerte de Mojtaba Jamenei.

Ni el Gobierno iraní, el Pentágono ni el Comando Central de Estados Unidos han corroborado públicamente esas versiones.

La información debe manejarse con especial cautela, debido a que Reuters y Associated Press reportaron este domingo que Estados Unidos e Irán mantenían por segundo día consecutivo una pausa en sus operaciones militares, mientras continuaban gestiones diplomáticas para contener la escalada.

Mojtaba Jamenei sucedió a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, después de que este muriera durante los ataques con los que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.

La presidenta nacional del organismo, Sonia Garza González, acordó con el embajador Bruno Figueroa impulsar inversiones, intercambio empresarial y oportunidades de crecimiento entre ambos países.

Por Froilán Imperial Beltran

Lisboa, Portugal, 23 de julio de 2026.- El encuentro celebrado el pasado 30 de junio en Portugal entre la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Sonia Garza González, y el embajador de México en ese país, Bruno Figueroa, abrió una ruta para impulsar nuevos esquemas de colaboración, inversión e intercambio comercial entre empresarias mexicanas y portuguesas.

La reunión, realizada el 30 de junio en la sede de la Embajada de México en Lisboa, permitió establecer una agenda de trabajo orientada a conectar empresas de ambas naciones y facilitar la construcción de alianzas estratégicas encabezadas por mujeres.

Garza González explicó que durante el diálogo se identificaron oportunidades para fortalecer las relaciones comerciales, promover inversiones y ampliar la cooperación entre las comunidades empresariales de México y Portugal.

“La distancia separa geografías; la visión compartida une economías y crea oportunidades que transforman naciones”, expresó la dirigente empresarial al evaluar los resultados del encuentro.

La presidenta de AMMJE destacó la disposición y apertura del embajador Bruno Figueroa, así como el respaldo ofrecido para dar seguimiento a los acuerdos y convertir las coincidencias planteadas durante la reunión en acciones concretas.

Señaló que la representación de las empresarias mexicanas en escenarios internacionales permite abrir mercados, intercambiar experiencias y construir redes capaces de impulsar proyectos de innovación y crecimiento económico.

Los compromisos alcanzados serán atendidos mediante una agenda de seguimiento que buscará vincular a empresarias de ambos países, identificar áreas de inversión y generar condiciones para desarrollar iniciativas conjuntas.

Garza González sostuvo que la economía global exige alianzas sustentadas en la confianza, la cooperación internacional y una visión compartida, por lo que este acercamiento representa un paso para que empresarias mexicanas y portuguesas encuentren nuevas oportunidades para crecer y competir.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación entre AMMJE Nacional y la representación diplomática mexicana, a fin de avanzar en una relación empresarial con resultados para las mujeres y las economías de las dos naciones.

Varias víctimas ya abandonaron el hospital, mientras el presunto atacante permanece bajo custodia y será trasladado a una cárcel del condado de Pima cuando reciba el alta médica.

Por Froilán Imperial Beltrán

Tucson, Arizona; 22 de julio de 2026.- A tres días del tiroteo registrado en el centro de Tucson, las autoridades informaron que las personas lesionadas presentan una evolución favorable y varias de ellas ya fueron dadas de alta, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el ataque.

La jefa del Departamento de Policía de Tucson (TPD), Monica Prieto, ofreció una actualización sobre las condiciones de las víctimas y la situación legal del presunto responsable, identificado como David Leroy French, de 21 años.

El sospechoso permanece hospitalizado y bajo vigilancia policial. Una vez que los médicos autoricen su salida, será ingresado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Pima para enfrentar los cargos formulados en su contra.

Reconocen coordinación durante la emergencia

Prieto señaló que la intervención conjunta de policías, bomberos, ciudadanos, comerciantes y personal del Banner University Medical Center permitió atender rápidamente a las personas heridas y contener la emergencia ocurrida la noche del 19 de julio.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los agentes se enfrentó al sospechoso y logró impedir que continuara la agresión. Después de controlar la amenaza, los oficiales aplicaron atención prehospitalaria de emergencia tanto a las víctimas como al propio detenido.

La jefa policial atribuyó la capacidad de respuesta a los entrenamientos permanentes para atender escenarios con atacantes activos y múltiples personas lesionadas.

Al momento de los hechos, el centro de Tucson contaba con un operativo integrado por 20 agentes uniformados, cinco sargentos y dos oficiales de servicio comunitario, desplegados como parte de la iniciativa municipal Safe City.

Reforzarán vigilancia en el centro de Tucson

Tras el ataque, la Policía de Tucson mantendrá una presencia operativa amplia y visible en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de residentes, comerciantes y visitantes.

“Tucson es una comunidad resiliente; no permitiremos que las acciones de una sola persona nos quiten eso”, expresó Prieto al reconocer la solidaridad mostrada después del incidente.

Investigación queda en manos de agencia externa

Las indagatorias son encabezadas por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, como integrante del Equipo Regional de Incidentes Críticos. La participación de una corporación distinta busca garantizar independencia y transparencia en la revisión de la actuación policial.

Las autoridades mantienen abierto el llamado para que testigos o personas que posean fotografías, videos u otra información relacionada con el ataque se comuniquen al 520-351-4900.

El seguimiento de la investigación permitirá establecer la secuencia completa de los hechos, determinar el móvil y precisar la responsabilidad penal del detenido.