“Sinaloa no puede convertirse en un cuartel permanente. Necesitamos recuperar la paz, la economía y la vida de nuestras familias”, planteó el diputado federal Mario Zamora Gastélum.

Ciudad de México, 8 octubre 2026.- Ante la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien entregó un diagnóstico sobre la situación que atraviesa la entidad y tres propuestas para replantear la estrategia de seguridad.

La reunión se realizó en el marco de la comparecencia del funcionario federal ante la Cámara de Diputados, donde ambos acordaron sostener un nuevo encuentro en los próximos días para profundizar en los planteamientos presentados por el legislador sinaloense.

Zamora advirtió que la violencia ha rebasado el ámbito de la seguridad pública y se ha convertido en una crisis económica y social que afecta directamente a familias, trabajadores, comerciantes y empresarios.

Cifras que reflejan la crisis en Sinaloa

En el documento entregado a García Harfuch, el diputado expuso que, desde el 9 de septiembre de 2024 y hasta el 5 de octubre de 2026, Sinaloa acumula 3 mil 956 homicidios dolosos, 12 mil 642 vehículos robados y 4 mil 522 denuncias por privación de la libertad.

También citó cifras del INEGI que indican que el 90.8 por ciento de los habitantes de Culiacán manifiestan sentirse inseguros.

En materia económica, señaló que entre abril de 2024 y abril de 2026 se perdieron 27 mil 349 empleos formales y 4 mil 704 registros patronales, mientras que la actividad económica estatal registró una contracción de 4.5 por ciento durante el primer trimestre de 2026.

“Cuando un negocio cierra por miedo o por extorsión, se pierde un patrimonio y se pierde también una razón para quedarse”, expresó el legislador en su comunicación al secretario.

Reconoce presencia federal, pero exige resultados

Zamora reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, incluido el despliegue de cerca de 20 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y corporaciones de seguridad, así como las detenciones y aseguramientos realizados.

Sin embargo, consideró indispensable que estos esfuerzos se traduzcan en condiciones de tranquilidad para la población y permitan recuperar las actividades económicas y sociales. “La presencia de las fuerzas federales contiene, pero no reconstruye. La paz que buscamos no se alcanza solo con más elementos en las calles”, sostuvo.

Tres propuestas para recuperar la tranquilidad

El diputado planteó que el Gabinete de Seguridad sesione periódicamente en Sinaloa, especialmente en Culiacán, Mazatlán y los municipios más afectados, para evaluar directamente la situación y tomar decisiones desde el territorio.

Como segunda propuesta, pidió incorporar a representantes de la sociedad sinaloense en las mesas de trabajo, incluyendo madres buscadoras, familias desplazadas, empresarios, comerciantes, productores, pescadores, universidades, iglesias y organizaciones civiles.

Finalmente, propuso establecer metas públicas y verificables por municipio, de manera que los resultados no se midan únicamente por detenciones o elementos desplegados, sino también por la recuperación de la seguridad y la actividad económica.

El legislador también expresó su preocupación por las comunidades serranas donde la violencia ha provocado desplazamientos y ha limitado la presencia de las instituciones.

Acuerdan dar seguimiento a los planteamientos

Zamora reiteró su disposición de colaborar desde la Cámara de Diputados con las autoridades federales para construir soluciones que permitan recuperar la tranquilidad de los sinaloenses.

“No le escribo para reclamar, sino para sumar. Esto no es un asunto de partidos: es la vida de tres millones de sinaloenses”, manifestó en la carta entregada a García Harfuch.

El diputado destacó que el acuerdo para sostener una nueva reunión representa una oportunidad para profundizar en las propuestas y mantener abierto el diálogo institucional sobre la situación de seguridad en la entidad. “Sinaloa necesita que lo volteen a ver”, concluyó Mario Zamora Gastélum.

Los Mochis, Sinaloa, 6 octubre 2026.- La violencia irrumpió de la manera más cruel en la vida de María Fernanda y terminó también con la existencia de su bebé, que tenía alrededor de ocho meses de gestación.

El ataque armado ocurrido la semana pasada en Los Mochis dejó dos vidas truncadas y una investigación que ahora mantiene concentrados a agentes y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado.

Detrás de la carpeta abierta permanecen las preguntas centrales del caso: quién disparó, por qué lo hizo y quién más pudo haber participado en un crimen que, por sus circunstancias, generó un fuerte impacto entre la población.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación

El vicefiscal de la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, confirmó que existe una denuncia formal y que investigadores procesaron el lugar donde ocurrió la agresión.

En ese sitio fueron localizados y asegurados diversos indicios que ahora forman parte de las diligencias encaminadas a reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades.

“Hay denuncia, hay denuncia y se está procesando el lugar, se recabaron algunos indicios que se van a revisar”, explicó el funcionario.

Serrano Castelo señaló que la información reunida es analizada junto con el agente del Ministerio Público responsable de la carpeta.

“Tenemos ahí diferente información y vamos a darle pronto una definición a esa carpeta de investigación”, sostuvo.

Cada indicio puede marcar el rumbo

La Fiscalía trabaja con distintas líneas de investigación y ha incorporado también información proporcionada por familiares de las víctimas indirectas.

Por tratarse de una investigación en curso, el vicefiscal evitó revelar detalles que pudieran comprometer las diligencias o anticipar conclusiones sobre posibles responsables.

“Con toda la reserva legal les puedo decir que sí vamos avanzando”, afirmó.

“Vamos a ir agotando cada acto que se vaya necesitando”, agregó.

El trabajo, aseguró, se mantiene todos los días, con reuniones de evaluación en las que se revisan los datos obtenidos y cualquier nuevo elemento que pueda incorporarse al expediente.

“Hay gente de nuestro equipo, pues está trabajando todos los días”, manifestó.

Un video también forma parte del análisis

Entre los elementos conocidos alrededor del caso se encuentra una videograbación que ha circulado relacionada con el presunto agresor.

El vicefiscal evitó confirmar qué utilidad específica ha tenido ese material, pero dejó claro que cada dato incorporado es sometido a revisión antes de considerarlo dentro de una línea de investigación.

“Cuando se integra una carpeta de investigación, nosotros siempre lo hacemos con la mayor objetividad”, señaló.

“Es decir, distraernos poco, definir mucho las líneas de investigación que se vayan dando”, añadió.

Una investigación que sigue abierta

Mientras la Fiscalía intenta reconstruir las últimas horas de María Fernanda y establecer quién estuvo detrás del ataque, la carpeta permanece bajo reserva y sin una definición pública sobre responsables.

La institución asegura que cada indicio será revisado y que las diligencias continuarán hasta agotar las líneas disponibles.

“Todo se revisa, todo se analiza y cada caso es único”, expresó Serrano Castelo.

“Este es uno que tiene, pues, un impacto muy relevante”, reconoció.

Por ahora, la investigación continúa abierta y la Fiscalía mantiene como objetivo identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de la muerte de María Fernanda y de su bebé de ocho meses de gestación.

La condena establece 44 años, 9 meses y 18 días de cárcel, además del pago de 33 mil 600 pesos por reparación del daño y 96 mil 220 pesos por daño moral a favor de la víctima.

Mazatlán, Sinaloa, 3 octubre 2026.- A más de cuatro años de los hechos investigados en una comunidad del municipio de Cosalá, Juan Francisco “N” fue sentenciado a 44 años, 9 meses y 18 días de prisión por el delito de violación equiparada agravada cometido en perjuicio de una persona menor de edad.

La resolución fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales de la Región Sur del Estado.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso, las agresiones ocurrieron durante abril de 2022 y se registraron en distintas ocasiones.

La autoridad mantuvo bajo reserva la identidad de la víctima y tampoco hizo pública la localidad específica de Cosalá donde ocurrieron los hechos.

Proceso concluye con sentencia condenatoria

Las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público especializado permitieron llevar el caso ante la autoridad judicial hasta obtener un fallo condenatorio contra Juan Francisco “N”.

Medios estatales que dieron seguimiento a la resolución coinciden en que la sentencia quedó fijada en 44 años, 9 meses y 18 días de prisión por violación equiparada agravada.

La información pública disponible no precisa la edad de la víctima, la relación que existía con el sentenciado ni mayores datos sobre el desarrollo del proceso, con el propósito de preservar información sensible del caso.

Ordenan reparación del daño

Además de la pena de prisión, la resolución judicial obliga al sentenciado a cubrir 33 mil 600 pesos por concepto de reparación del daño.

También deberá pagar 96 mil 220 pesos por daño moral, de acuerdo con lo establecido dentro de la sentencia.

En conjunto, las obligaciones económicas determinadas por la autoridad ascienden a 129 mil 820 pesos, independientemente de la pena privativa de la libertad.

Fiscalía especializada llevó la investigación

El expediente fue atendido por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales de la Región Sur, instancia de la Fiscalía de Sinaloa encargada de llevar la investigación y presentar los elementos del caso ante la autoridad judicial.

La sentencia pone fin a esta etapa del proceso penal iniciado por hechos registrados desde abril de 2022 en el municipio de Cosalá.

La Fiscalía mantiene disponibles sus canales de denuncia para personas que requieran reportar hechos posiblemente constitutivos de delito, tanto de manera identificada como anónima.

María Fernanda Gastélum Osorio tenía 31 años, era maestra, fotógrafa y esperaba a su bebé. Un hombre entró al lugar donde trabajaba y disparó directamente contra ella; médicos intentaron salvar a ambos, pero la violencia terminó con dos vidas.

Los Mochis, Sinaloa, 28 septiembre 2026.- La mañana apenas avanzaba cuando la violencia irrumpió en un establecimiento de la colonia Ampliación 12 de Octubre.

Dentro estaba María Fernanda Gastélum Osorio, una joven de 31 años, maestra de primaria y fotógrafa, con un embarazo avanzado y a pocas semanas de convertirse en madre.

Minutos después, cinco disparos habían cambiado para siempre la historia de una familia.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa estableció que un hombre ingresó al inmueble donde Fernanda trabajaba y abrió fuego directamente contra ella.

Recibió un impacto en el pecho, uno en un brazo y tres en la cabeza.

“Fue un ataque directo hacia ella”, confirmó la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Un día que debía continuar con normalidad

Fernanda llevaba entre siete y ocho meses de embarazo, de acuerdo con los distintos reportes difundidos después del crimen.

Además de su trabajo como docente, desarrollaba su actividad como fotógrafa en el establecimiento donde finalmente fue atacada.

Nada en aquella mañana anticipaba que, en cuestión de minutos, su nombre pasaría de las aulas, la fotografía y los proyectos familiares a una carpeta de investigación por feminicidio.

Tras los disparos, su esposo llegó para auxiliarla y la trasladó por sus propios medios a un hospital privado de Los Mochis.

Fernanda todavía llegó con vida.

Una carrera desesperada por salvar a dos

En el hospital comenzó otra batalla.

La gravedad de las heridas obligó al personal médico a realizar una cesárea de emergencia con la esperanza de salvar al bebé que Fernanda llevaba en el vientre.

No fue posible.

La joven murió a consecuencia de las lesiones y su bebé tampoco sobrevivió.

El ataque había cobrado dos vidas: una madre que estaba próxima a conocer a su hijo y un bebé que no alcanzó a salir con vida del hospital.

La Fiscalía cambia la primera versión

Durante las primeras horas posteriores al crimen, algunos reportes periodísticos situaron la agresión cuando Fernanda llegaba a un domicilio.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró después que el ataque ocurrió dentro del inmueble donde trabajaba como fotógrafa.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó además que se trató de un solo agresor y que la investigación apunta, de manera preliminar, hacia un posible asunto de carácter personal.

Esa hipótesis, hasta ahora, permanece únicamente como línea de investigación y no constituye una conclusión sobre el móvil del crimen.

Otra información difundida por TVP señala que el atacante aparentemente habría ingresado haciéndose pasar por otra persona, circunstancia que también forma parte de las indagatorias.

El hombre que salió caminando

Las investigaciones cuentan con un elemento adicional.

Una cámara de videovigilancia de la zona captó imágenes relacionadas con la huida del presunto agresor.

En la grabación difundida públicamente se observa un vehículo Nissan que llega a las inmediaciones del estudio fotográfico y, minutos después, a un hombre alejándose del lugar.

La Fiscalía informó que ya tiene ubicada la unidad en la que habría viajado el atacante y que dispone de fotografías y videos que están siendo incorporados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento de los reportes consultados no se había informado oficialmente sobre la detención del responsable.

Entre versiones y preguntas todavía sin respuesta

Después del crimen comenzaron a circular en redes sociales distintas narrativas sobre lo sucedido dentro del establecimiento.

Algunas cuestionan circunstancias previas a la agresión y mencionan supuestas irregularidades relacionadas con cámaras de seguridad y personas que habrían llegado preguntando por alguien más.

Hasta ahora, esos señalamientos no han sido confirmados públicamente por la Fiscalía y forman parte de versiones que deberán ser verificadas mediante testimonios, videograbaciones, peritajes y otras pruebas.

La propietaria del establecimiento difundió posteriormente un comunicado en el que aseguró que no estaba presente cuando ocurrió el ataque y señaló que se encuentra colaborando con las autoridades.

También pidió evitar la propagación de rumores.

“Queremos que se haga justicia”

En medio de esas versiones, la familia de Fernanda ha pedido que el centro de la investigación permanezca donde corresponde: en encontrar al responsable y esclarecer el crimen.

Su madre solicitó públicamente justicia y pidió que las autoridades sigan todas las líneas de investigación antes de divulgar conclusiones.

“Queremos que se haga justicia por el asesinato de mi hija”, expresó.

Su hermana también pidió evitar especulaciones que puedan lastimar todavía más a la familia.

Recordó que Fernanda y sus familiares son personas trabajadoras y reclamó que cualquier información sólida obtenida por la Fiscalía sea comunicada primero a quienes hoy enfrentan la pérdida.

Un feminicidio bajo investigación

La Fiscalía General del Estado registró formalmente la muerte de Fernanda como feminicidio.

Ahora deberá establecer por qué fue elegida como blanco, quién ordenó o ejecutó la agresión, cómo llegó el atacante hasta ella y qué ocurrió exactamente durante los minutos previos a los disparos.

Las fotografías, los videos, el vehículo localizado, los testimonios y las evidencias recuperadas en el lugar serán piezas centrales para reconstruir esos minutos.

En Los Mochis quedó una familia esperando respuestas.

Fernanda estaba a semanas de convertirse en madre. El lunes 28 de septiembre salió a cumplir con su jornada cotidiana y terminó víctima de un ataque directo que también arrebató la vida de su bebé.

Ahora la exigencia es concreta: que las versiones cedan su lugar a las pruebas y que las pruebas conduzcan al responsable ante la justicia.

Víctor “N”, de 21 años, fue detenido por su probable responsabilidad en un secuestro agravado ocurrido en Aguaruto; la víctima fue localizada sin vida horas después en la colonia Santa Rocío.

Culiacán, Sinaloa, 18 septiembre 2025.- La Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa logró la captura de Víctor “N”, de 21 años, señalado por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, en un caso que terminó con la muerte de la víctima.

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la UEA, en coordinación con la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos, como parte de las investigaciones relacionadas con hechos registrados el pasado 11 de mayo de 2026 en la sindicatura de Aguaruto, municipio de Culiacán.

La víctima fue privada de la libertad en su domicilio

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un grupo de sujetos armados llegó al domicilio de la víctima y presuntamente la privó de la libertad.

Ese mismo día, la persona fue localizada sin vida en un punto de la colonia Santa Rocío, en las inmediaciones de Aguaruto.

Las investigaciones permitieron establecer una probable participación de Víctor “N”, por lo que se solicitó y posteriormente se ejecutó la orden judicial en su contra.

UEA concreta la captura

Tras su detención, Víctor “N” fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La captura representa un nuevo resultado de la Unidad Especializada Antisecuestros, área encargada de las investigaciones de este tipo de delitos en Sinaloa y que en meses recientes ha concretado detenciones y sentencias relacionadas con secuestros agravados en la entidad.

Hasta que exista una resolución judicial definitiva, Víctor “N” debe ser considerado presunto responsable, conforme al principio de presunción de inocencia.

La FGE informó que el detenido presuntamente recibió cosechas durante 2025, las comercializó con terceros y no cubrió el pago acordado con los productores de frijol del norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa, 15 septiembre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentó una orden de aprehensión contra Simón “N”, de 35 años, por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con la información oficial, durante 2025 Simón “N” y otras personas presuntamente recibieron cosechas de frijol de productores de Los Mochis bajo el compromiso de comprarlas.

Posteriormente, el producto habría sido comercializado con terceros sin que se cubriera a los agricultores el pago previamente acordado.

Por estos hechos, 41 productores presentaron denuncias ante la autoridad, lo que dio origen a las investigaciones correspondientes.

Lo localizaron en Nayarit

Como resultado de labores de inteligencia y seguimiento realizadas por elementos de UNESA, Simón “N” fue localizado en el estado de Nayarit, donde se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte.

La Fiscalía informó que se encuentra pendiente la programación de la audiencia inicial, en la que un juez deberá resolver lo correspondiente a su situación jurídica.

Hombres armados dispararon contra tres unidades estacionadas junto a un edificio de departamentos y después les prendieron fuego; residentes fueron evacuados ante el riesgo de que las llamas alcanzaran las viviendas

Culiacán, Sinaloa, q Una nueva noche de tensión se vivió en la capital sinaloense luego de que hombres armados atacaran tres vehículos estacionados junto a un edificio de departamentos en la colonia 6 de Enero y posteriormente les prendieran fuego, lo que obligó a evacuar a habitantes del inmueble mientras se atendía la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos hasta el momento no identificados arribaron al sector y realizaron múltiples disparos con armas largas contra las unidades. Después del ataque, los vehículos comenzaron a incendiarse en plena zona habitacional.

El estruendo de las detonaciones y posteriormente las llamas alertaron a quienes permanecían dentro de los departamentos. Ante el riesgo de que el fuego pudiera extenderse hacia el inmueble, los residentes fueron desalojados preventivamente.

Las imágenes obtenidas después del ataque muestran dos camionetas con severos daños provocados por el fuego y un automóvil rojo estacionado a corta distancia. En el sitio también se observa la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, quienes acudieron a resguardar la zona.

De los disparos al incendio

El ataque dejó vehículos con cristales destruidos y carrocerías dañadas, mientras el fuego consumió principalmente las camionetas estacionadas frente al edificio.

La movilización de las corporaciones permitió acordonar el sector mientras se realizaban las primeras diligencias. Hasta el momento, en la información disponible sobre este caso específico no se ha establecido públicamente la identidad de los responsables ni el motivo del ataque.

Tampoco se ha informado de manera oficial sobre personas heridas como consecuencia directa de estos hechos.

El episodio ocurre apenas días después de otra serie de hechos violentos registrados en distintos sectores de Culiacán. La noche del 8 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó reportes de detonaciones, vehículos incendiados y otros incidentes que obligaron al despliegue del Grupo Interinstitucional en la ciudad.

Un día después, la Fiscalía General del Estado informó que abrió investigaciones por daños dolosos en inmuebles que habían sido atacados a balazos y quemados durante aquella jornada; la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló entonces que personal investigador acudió a los sitios reportados para realizar las diligencias correspondientes.

En el caso de la colonia 6 de Enero, corresponderá a la Fiscalía determinar mediante peritajes el número de impactos, el tipo de armas utilizadas y la mecánica del ataque, así como establecer quiénes eran propietarios de las unidades y si existía un objetivo específico.

Por ahora, las imágenes que quedaron después de la emergencia muestran la magnitud de los daños: vehículos calcinados a unos cuantos metros de las viviendas y fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar donde, minutos antes, los vecinos tuvieron que abandonar sus departamentos.

FOTOS, CRESTOMATÍA «LOS NOTICIERISTAS»

Un juez consideró que existen datos de prueba suficientes para continuar el proceso por presunto desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público; la defensa sostiene que no hubo daño patrimonial

Culiacán, Sinaloa, 08 septiembre 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al expresidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y a exintegrantes del Comité de Adquisiciones, por su presunta participación en la contratación de la empresa Extratimex para la recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial.

La resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que el juzgador consideró que existen datos de prueba suficientes para que la Fiscalía General del Estado continúe la investigación por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el contrato contemplaba la gestión de cobro sobre 63 mil 145 claves catastrales, correspondientes a una cartera vencida por 2 mil 677 millones 876 mil 429 pesos.

Extratimex tendría derecho, conforme al acuerdo, a recibir el 35 por ciento de lo recuperado, porcentaje que representaba hasta 937 millones 256 mil 750 pesos.

Defensa sostiene que no hubo daño patrimonial

Durante el debate, los abogados de los imputados solicitaron al juez que dictara la no vinculación a proceso.

La defensa argumentó que Extratimex no recibió los 937 millones de pesos previstos como posible contraprestación, sino únicamente 1 millón 522 mil 399 pesos, pagados en tres exhibiciones.

Con base en esa cantidad, sostuvo que no existió daño patrimonial al Ayuntamiento de Ahome y que el procedimiento de contratación podía realizarse mediante adjudicación directa.

Los abogados señalaron que, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, el límite para una adjudicación directa era de 3 millones 710 mil pesos, cifra superior al monto que efectivamente recibió la empresa.

La Fiscalía sostuvo una interpretación distinta. El Ministerio Público argumentó que debía considerarse el valor y alcance total del contrato durante sus tres años de vigencia, cuya proyección económica superaba ampliamente el límite para realizar una adjudicación directa.

Después de escuchar a ambas partes, el juez determinó que existen elementos suficientes para que la causa penal continúe.

Seis meses para investigación complementaria

A solicitud de la defensa, el juez concedió un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Como parte de las medidas cautelares, se determinó que los imputados deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, UMECA.

También se ordenó la separación del cargo de la regidora Judith Luna Castro y de la síndica Cecilia Hernández, de acuerdo con lo resuelto durante la audiencia.

Fiscalía señala presunta simulación de actos de cobranza

En la primera parte de la audiencia inicial, celebrada el 3 de septiembre, agentes del Ministerio Público expusieron que el contrato con Extratimex fue formalizado el 1 de febrero de 2022 y concluyó el 31 de octubre de 2024.

El objeto del acuerdo era gestionar la recuperación de la cartera vencida municipal correspondiente a 63 mil 145 claves catastrales.

La Fiscalía expuso además que, pese a que el contrato contemplaba una posible contraprestación de hasta 937 millones 256 mil 750 pesos, los registros financieros establecen que Extratimex recibió 1 millón 522 mil 399 pesos.

Como parte de su acusación, el Ministerio Público también señaló una presunta simulación de actos de cobranza. Según lo expuesto ante el juez, durante la investigación fueron detectados domicilios presuntamente abandonados y cartas de invitación al pago que aparecían firmadas por contribuyentes que ya habían fallecido.

Estos señalamientos forman parte de la investigación de la Fiscalía y deberán ser acreditados durante las siguientes etapas del proceso. La vinculación a proceso no constituye una sentencia de culpabilidad.

Con el plazo fijado por el juez, la Fiscalía y las defensas dispondrán ahora de seis meses para incorporar nuevos datos de prueba antes de que el procedimiento avance a su siguiente etapa.

La violencia no da tregua en Culiacán: ataque en Prados del Sur deja dos muertos, uno quedó frente al domicilio del ataque y un bebé de tan solo un año cuatro meses que murió posteriormente en un hospital. Dos adultos resultaron heridos; uno de ellos es señalado preliminarmente como presunto agresor.

Culiacán, Sinaloa, 05 septiembre 2026.- La violencia volvió a mostrar su rostro más brutal en Culiacán. Un ataque armado registrado la noche de este sábado en el fraccionamiento Prados del Sur dejó dos personas muertas, entre ellas un bebé de apenas un año cuatro meses, además de dos adultos lesionados.

El escenario fue un domicilio ubicado sobre la calle Islas Mascareñas, entre Mar de Coral e Islas Comoras, en el sector sur de la capital sinaloense.

Eran alrededor de las 20:00 horas cuando hombres armados arribaron al lugar y dispararon contra varias personas que, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraban reparando un vehículo frente al inmueble.

Las detonaciones rompieron la tranquilidad del sector. Cuando cesaron los disparos, un hombre identificado como Manuel N. había quedado sin vida en el sitio.

Otros dos adultos estaban heridos.

Entre ellos, según los reportes preliminares, se encontraba uno de los presuntos agresores, quien habría resultado lesionado durante los hechos y fue abandonado en el lugar.

Un bebé quedó entre las víctimas

La dimensión del ataque se agravó minutos después.

Un niño identificado como Juan Alejandro N., de un año cuatro meses, había resultado lesionado en la cabeza y fue trasladado para recibir atención médica.

Alrededor de las 21:15 horas, personal del hospital notificó a las autoridades que el menor había fallecido.

El bebé se convirtió así en la segunda víctima mortal de un episodio de violencia que comenzó frente a una vivienda y terminó alcanzando a quien, por su edad, era completamente ajeno a cualquier confrontación.

La muerte del pequeño colocó nuevamente sobre Culiacán una escena difícil de reducir a una estadística: un niño de apenas un año perdió la vida en medio de disparos dirigidos contra adultos.

Movilización militar y policiaca

Las llamadas al 911 provocaron una amplia movilización de fuerzas de seguridad.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías estatales y municipales.

Los dos adultos lesionados fueron trasladados a hospitales de Culiacán. Uno fue llevado a bordo de una patrulla de la Policía Municipal y otro en una ambulancia del Ejército.

El hombre señalado preliminarmente como uno de los posibles participantes en la agresión quedó hospitalizado bajo un dispositivo de seguridad. Su identidad no había sido informada.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las diligencias, el procesamiento del lugar y la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Los cuerpos de Manuel N. y del pequeño Juan Alejandro serían trasladados al Servicio Médico Forense para las necropsias correspondientes.

Una violencia que sigue cobrando víctimas ajenas

El ataque ocurre en un Sinaloa que acumula más de un año bajo los efectos de una confrontación criminal que ha golpeado particularmente a Culiacán y otras regiones del estado, en medio de la disputa entre grupos identificados como Los Chapitos y Los Mayitos.

En ese periodo, ataques, homicidios, desapariciones y enfrentamientos han mantenido a amplios sectores de la población bajo una constante sensación de inseguridad.

Pero hechos como el registrado en Prados del Sur exponen una consecuencia todavía más grave: la violencia ya no queda contenida entre quienes participan directamente en esas disputas.

Esta vez, entre los disparos quedó un bebé.

Juan Alejandro tenía un año y cuatro meses.

Mientras las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque, quiénes participaron y cuál fue el móvil, la Fiscalía deberá determinar también las circunstancias en que el menor resultó alcanzado y deslindar responsabilidades por una agresión que dejó dos muertos y dos heridos en plena zona habitacional de Culiacán.