La violencia es un componente estructural del narcotráfico. Mientras que las grandes ganancias se concentran en los niveles superiores de las redes criminales, la violencia se manifiesta en la base, donde los grupos locales compiten por el control territorial.
En comunidades marginadas, los grupos delictivos cumplen funciones similares a las de un gobierno, proporcionando empleo, seguridad y asistencia social a poblaciones vulnerables. Para muchos jóvenes, la falta de oportunidades económicas hace del narcotráfico una opción viable de subsistencia, considera el estudio de ICG.
La guerra territorial ha hecho que algunas ciudades latinoamericanas sean de las más violentas del mundo. En ciertos barrios, los grupos criminales han impuesto límites invisibles, cuya violación puede resultar en la ejecución de quienes los crucen. Además, la violencia de género es una táctica común en estos entornos, donde las mujeres son consideradas propiedad de las bandas, advierte ICG.
Corrupción y obstáculos estatales
Uno de los principales obstáculos en la lucha contra el narcotráfico es la corrupción. Las organizaciones criminales han logrado infiltrar las instituciones estatales, asegurando impunidad para sus operaciones. En México, Ecuador y Honduras, se han documentado vínculos entre jueces, fiscales y grupos criminales, dificultando los esfuerzos para desmantelar estas redes.
El asesinato de políticos y funcionarios que intentan enfrentar al crimen organizado es una táctica común. Durante las elecciones mexicanas de 2024, más de 130 candidatos fueron atacados y 32 fueron asesinados por negarse a colaborar con grupos delictivos, alerta esta ONG, para la que la estrategia basada exclusivamente en la represión militar ha demostrado ser ineficaz para mitigar la violencia del narcotráfico.
Los expertos sugieren enfoques integrales que aborden tanto la seguridad como las causas estructurales del problema, como la modernización y profesionalización de la policía para reducir la dependencia de operativos militares y la creación de oportunidades laborales y programas sociales para evitar la captación de jóvenes por organizaciones criminales.
También sugieren la reducción del acceso a armamento de alto calibre, con especial atención a las armas que ingresan desde EE.UU., e incluso, en contextos específicos, explorar diálogos con ciertos grupos criminales para reducir la violencia y facilitar procesos de desmovilización.
Con información de EFE